Hay distintas formas de denominar a la utilización del sistema judicial para sacar de la cancha a líderes populares. En el caso latinoamericano, hay quienes hablan de una continuación del Plan Cóndor, o de una Escuela de las Américas judicial. Pero el fenómeno no es solo regional, ya que del otro lado del Atlántico, los perseguidos son los dirigentes de Unidas Podemos, que integran la coalición gobernante con el PSOE. A nivel global se habla de lawfare, que parafraseando a algunos teóricos del siglo pasado, sería la continuación de la política por otros medios.
El lunes estallaron los casos de Evo Morales y Rafael Correa, cuando sendos tribunales proscribieron sus candidaturas mientras otro proscripto, Lula da Silva salía al ruedo al celebrar un nuevo aniversario de la independencia brasileña. Se postuló para las presidenciales de 2022 cuando todavía pesan sobre él algunas causas armadas para dejarlo fuera de carrera en 2018. Son sumarios que se van desvaneciendo y los impulsores de las causas van abandonando el barco.
Correa recurrió a una estrategia K para armar una fórmula de cara a las elecciones del 7 febrero próximo, con el economista Andrés Arauz a la cabeza de la fórmula y él como vice. El gobierno armó un artilugio para bloquear postulaciones incómodas con el trámite de “aceptación de la candidatura” en la sede del Consejo Nacional Electoral.
Correa se fue a Bélgica cuando percibió que su sucesor, Lenin Moreno, no iba a tener problemas en que terminara entre rejas, como ya sucedió con su vicepresidente, Jorge Glas, acusado y detenido sin condena por presuntos sobornos de la empresa Odebrecht. El expresidente ecuatoriano cumplió con el requisito electoral desde una aplicación de teléfono celular. En tiempos de pandemia, la tendencia es legalizar los trámites vía web y con firma digital. Por si no bastaba, Correa aceptó la nominación desde un teléfono celular en tiempo real.
No le aceptaron la presentación, pero por las dudas, se aceleró una causa que dormía en Casación. Un dictamen que normalmente demora varios meses, por una denuncia de sobornos entre 2012 y 2016, confirmó una condena a 8 años de prisión e inhabilitación para cargos públicos. El argumento de Correa fue demoledor: “Me acusan de delitos que se cometieron cuando él era vicepresidente y que dejaron de cometerse cuando lanzó a la candidatura”.
No podían dejar pasar el momento, luego de que hace unas semanas Luis Raúl Chicaiza, ex espía ecuatoriano, pidió refugio en Argentina y denunció amenazas y presiones para involucrar a Correa en un presunto secuestro del opositor Fernando Balda en 2012. Uno de los casos que medios y la derecha usaron para armarle expedientes al exmandatario.
El mismo lunes, el expresidente boliviano Evo Morales recibió la noticia de que también estaba proscripto, en su caso, para una senaduría por Cochabamba para el comicio del 18 de octubre. El argumento del tribunal supremo -al que se tuvo que sumar un juez para desempatar en contra de Morales- fue que no tenía dos años de residencia continua en el país.
Claro, en noviembre pasado escapó de las bandas fascistas que asolaban el país y que forzaron su renuncia. De todas maneras, el gobierno de facto apresuró denuncias por sus supuestas relaciones con menores y por los bloqueos de rutas.
Para Lula, el panorama judicial pareciera irse despejando. Su principal “perseguidor” judicial, el juez Sergio Moro, una vez que logró su proscripción hace dos años, asumió el ministerio de Justicia con Jair Bolsonaro el 1 de enero de 2019. Pocas pruebas debe de haber de una connivencia como esa en el mundo. Pero no duró mucho el amor y en abril pasado dejó el cargo aduciendo que Bolsonaro quería interferir en la Policía Federal, un órgano similar al FBI estadounidense, que investigaba las trapisondas de la familia presidencial.
Hace diez días, renunció el fiscal que armó la causa Lava Jato, Deltan Dallagnol, según dijo, por los problemas de salud de su pequeño hijo. Pero las revelaciones del portal The Intercept, mostraron la brutal manipulación de la justicia contra el líder metalúrgico entre Moro y Dallagnol y ahora enfrenta procesos judiciales por violar procedimientos legales.
El 2 de setiembre, siete fiscales de la operación Lava Jato presentaron sus renuncias afirmando que recibían presiones para no proseguir las investigaciones. El fiscal general del país Augusto Aras, deslizó que el caso se había manejado de una manera opaca como se fuera una “caja de secretos”. Un expediente que por lo que se ve, dista bastante de poder sostenerse en estrados judiciales.
El conflicto español
El argentino Pablo Echenique es uno de los voceros de Podemos. Así definió el proceso judicial por presuntos delitos en las cuentas del partido político creado por Pablo Iglesias, actual vicepresidente segundo de gobierno: “Se basa en la declaración de un tipo diciendo que ‘escuchó’ esto y ‘sospecha’ lo otro». Y agregó que el lawfare no solo es antidemocrático, sino que “desprestigia a la justicia».
La derecha está de punta contra la coalición que encabeza Pedro Sánchez, del PSOE. Buscan a como dé lugar la ruptura para que el socialismo se reencauce hacia posiciones más centristas. Lo que no pudieron en las urnas esperan conseguirlo enlodando a Unidas Podemos. El sistema judicial no es ajeno a esta estrategia.
A Iglesias lo vienen citando en Tribunales desde 2014 en causas por “falseamiento de cuentas” o por blanqueo de capitales, que fueron quedando archivadas. Son carátulas de escasa posibilidad de avance judicial pero que tienen una gran repercusión mediática y genera solemnes indignaciones
