El Superior Tribunal de Justicia, en abril, redujo de 12 a 8 años de prisión la condena de Lula por corrupción a la que lo había condenado en 2017 el entonces juez Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro. El ex presidente orientó a sus abogados a que señalen que por el momento no prevé asumir el derecho de lo que se denomina «progresión de la pena», es decir, permitir un arresto domiciliario con tobillera electrónica o tener que volver a prisión a dormir todas las noches.
Lula, de 73 años, gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y está preso desde el 7 de abril de 2018 en una celda en la sede de la Policía Federal en Curitiba. El líder opositor espera que el Supremo Tribunal Federal, máxima corte del país, anule su sentencia a raíz de las pruebas ofrecidas por el sitio The Intercept, que reveló diálogos en chats de fiscales y el juez Moro supuestamente tramando contra Lula para sacarlo del juego electoral sin pruebas.
El caso por el que fue condenado se refiere a un departamento que habría recibido en propiedad oculta en la playa de Guarujá por parte de la empresa OAS, en el marco de la megacausa llamada Lava Jato, que investiga desvíos originados en contratos de la estatal petrolera Petrobras. El gobernador del estado de Maranhao, el comunista Flavio Dino, aliado de Lula, un ex juez, afirmó hoy que Lula tiene a partir de hoy el derecho de iniciar el régimen progresivo de libertad. El ex mandatario cuenta con una condena, también bajo sospecha por las revelaciones de The Intercept por haber recibido sobornos de Odebrecht en obras contratadas para la quinta de un amigo, en la ciudad paulista de Atibaia.
La condena contra Lula por el departamento de Guarujá le impidió presentarse a las elecciones del año pasado, en las cuales era el favorito según todas las encuestas, incluso desde la cárcel.