La nueva apuesta de Luiz Ignacio Lula Da Silva es trasladar el amplio espectro logrado en la unidad política para ganarle a Jair Bolsonaro en un consenso social que permita superar el odio sostenido por el bolsonarismo, especialmente expresado en redes sociales y plataformas digitales de comunicación.
A tal fin, el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, a cargo de Silvio Almeida, constituyó un Grupo de Trabajo para realizar un diagnóstico y presentar propuestas de políticas públicas en derechos humanos orientadas a combatir los discursos de odio y el extremismo, especialmente en redes sociales.
El Grupo de Trabajo está compuesto de funcionarios de Ministerios relacionados y representantes de la Sociedad Civil, dónde Manuela D’Ávila, quien fuera candidata a vicepresidenta en 2018, ahora desde un rol social se encargará de dirigir las tareas, junto un influyente youtuber, Felipe Neto, y otros activistas y especialistas en la temática, quienes tendrán 180 días para elaborar un documento con propuestas.
En su incursión como compañera de fórmula de Fernando Haddad, la dirigente comunista fue atacada con una guerra de fake-news que buscaron desprestigiar su liderazgo social y militancia feminista. Es el punto nodal que trabajó en sus investigaciones de doctorado y ahora tiene la oportunidad de propiciar acciones para generar un nuevo consenso social.
De hecho, en su última visita a Buenos Aires, Manuela D’Ávila manifestó a Tiempo Argentino estar preocupada por haberse roto el pacto democrático que implicaba el respeto y la no violencia en política. Los hechos acaecidos el 8 de enero pasado, con una turba bolsonarista intentando tomar el Planalto, muestra el sumun de intolerancia y desprecio por la democracia.
Así como el combate al hambre y la pobreza forman parte de la prioridad política de Lula, repensar el funcionamiento de las plataformas digitales y redes sociales se constituye en una línea de trabajo esencial para sostener la democracia ante la desinformación o engaño que pueda tener la ciudadanía ante el accionar inescrupuloso de las plataformas digitales a través del manejo de Big Data por parte de grupos empresariales. Es un punto que Lula conversó con Joe Biden en su visita a Estados Unidos y que presentó cómo propuesta en una Conferencia Global de la UNESCO sobre la temática, realizada la semana pasada en Paris.
Lo más difícil será revertir cuatro años de políticas que propiciaron el odio racial, la discriminación étnica y la desgualdad de género, por parte de un presidente ultraderechista, misógino, homofóbico, racista y que defiende públicamente la última dictadura cívico-militar; visión que lamentablemente se arraigó en gran parte de la sociedad brasileña.
Quizás el mundial fue un punto inflexión, dónde el bolsonarismo perdió su prepotencia para usar la camiseta verde amarela, y su uso dejó de ser exclusivo de los «varones blancos heterosexuales» para volver a tener una identidad amplia, diversa y múltiple.
Haciendo prospectiva, además de los bolsonaristas, quienes ponen objeciones son las corporaciones dueñas de las plataformas digitales, quienes alegan que la propuesta iría contra la libertad de expresión, defendiendo su discrecionalidad empresarial. No obstante que el tema pone en tela de juicio si la libertad no tiene límites y si se debe restringir o incluso punir las manifestaciones de odio, así como se regula temas como pornografía infantil, lo cierto es que no es la única forma de afrontar la temática.
Además de los marcos regulatorios, se pueden y deben generar acciones proactivas de sensibilización y concientización sobre el impacto de las manifestaciones de odio, e incluso proponer buenas prácticas comunicativas que procuren erradicarlo y garanticen así una sociedad inclusiva. Lo cierto es que el documento que elabore el Grupo de Trabajo sera un eje de polémica en los próximos meses.
