Luiz Inácio Lula da Silva, quien presidiera Brasil entre 2003 y 2011) y se encuentra preso desde abril de 2018, sumó una nueva condena, esta vez por 12 años y 11 meses de cárcel por delitos de corrupción y blanqueo de dinero.

El dirigente nacido hace 73 años en el estado brasileño de Pernanbuco fue acusado de recibir más de 1 millón de reales (unos 270.000 dólares) a modo de coimas referentes a las reformas de un inmueble en Atibaia que está en nombre de Fernando Bittar, hijo de un amigo de Lula y ex alcalde de Campinas, Jacó Bittar. Según la sentencia, las obras fueron financiadas por las contratistas OAS, Odebrecht y Schahin.

La jueza Gabriela Hardt, que actúa en reemplazo de Sergio Moro, quien asumió como funcionario del actual gobierno brasileño de Jair Bolsonaro, al considerar que la culpabilidad de Lula era elevada detalló en el fallo: «El condenado recibió una ventaja por ocupar el cargo de Presidente de la República, de quien se exige un comportamiento ejemplar como el mayor mandatario».

Esta es la segunda condena que pesa contra el líder de la izquierda brasileña, que desde abril cumple otra sentencia de 12 años y un mes de cárcel determinada por la corte de apelación (el Tribunal Regional Federal de la 4º Región, de segunda instancia).

Según la Fiscalía, Lula recibió sobornos de las constructoras OAS y Odebrecht a través de la reforma y decoración de la citada finca, que solía frecuentar con su familia los fines de semana y en su tiempo libre, aunque en realidad era propiedad de un amigo, Fernando Bittar. Los procuradores aseguraron que las empresas costearon reformas por valor de 850.000 reales (229.000 dólares) en esa propiedad. A cambio, el expresidente habría ayudado a mantener en sus puestos de Petrobras a los directivos que manejaban los fraudulentos contratos millonarios de la petrolera semiestatal con las constructoras.

Los abogados de Lula aseguran que no hay pruebas que vinculen las reformas con el esquema corrupto de Petrobras, y defienden que el expresidente es víctima de una persecución jurídica.

Dado que se trata de una sentencia en primera instancia, la defensa de Lula podrá recurrir.