El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva será juzgado en primera instancia por corrupción y lavado de dinero, al ser aceptada la denuncia de la fiscalía por el juez Sergio Moro, quien investiga la red de desvíos en el escándalo de Petrobras, una operación que hace dos años marca la agenda política y económica de Brasil. El político se apuro en calificar de «farsa» y «gran mentira» la causa en su contra.
La defensa de Lula afirmó que el juez Moro le ha «impuesto» un delito que «jamás» cometió. Los abogados insistieron en que la denuncia presentada la pasada semana por la Fiscalía, y aceptada hoy por el juez, carece de «pruebas».
«Ni los defectos formales de la pieza de acusación ni la ausencia de pruebas contra Lula, como ha reconocido de manera amplia la comunidad jurídica, impidieron que el referido juez llevara adelante lo que hace mucho tiempo dejó claro que haría: imponer un crimen que jamás practicó», señala un comunicado firmado por los abogados Cristiano Zanin Martins y Roberto Teixeira
Los juristas afirmaron también que la decisión de Moro de abrirle un proceso a Lula «no les sorprendió» debido al historial del juez de «persecución y violación de las garantías fundamentales».
La denuncia incluye también a la esposa de Lula, la ex primera dama Marisa Leticia Rocco, y otras seis personas, entre ellas Leo Pinheiro, dueño de la constructora OAS, preso por sobornar políticos en la red descubierta por la Operación Lava Jato que se tramita en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná, fronterizo con Misiones.
La decisión, para el sistema brasileño, equivale a un procesamiento, pero el propio Moro dijo que tomará el tema con el «celo» necesario por tratarse de un ex presidente que lo ha recusado, ya que lo considera «juez y parte» y enemigo del Partido de los Trabajadores.
La denuncia dice que Lula recibió en forma indebida cerca de 1, 2 millones de dólares por parte de la empresa constructora OAS.
La fiscalía le atribuyó a Lula un departamento en el balneario de Guarujá propiedad de OAS, que él niega, y un contrato con esa empresa para guardar los regalos presidenciales recibidos por el sindicalista durante su paso por el Palacio del Planalto, entre 2003 y 2010.
El Instituto Lula dijo que acordó con OAS la guarda de estos objetos que son patrimonio cultural de Brasil pero cuyo cuidado está bajo responsabilidad de los ex mandatarios, según la ley.
«El juicio de admisión de la denuncia no significa un juicio de conclusiones sobre la presencia de responsabilidad criminal. El proceso es una oportunidad para presentar pruebas y el derecho de defensa», escribió el juez Moro en el fallo divulgado a Télam.
Este es la segunda denuncia aceptada por al justicia contra Lula, ya que hay otra en trámite en Brasilia, donde un magistrado lo investiga por obstruir a la justicia en base a la declaración del condenado senador Delcidio Amaral.
El ex presidente, en San Pablo, repudió la acusación y la vinculó a una maniobra política de los fiscales para impedir su postulación en 2018 a presidente, ya que es el favorito en las encuestas.»Bastaba con preguntarme si volvería a ser candidato», dijo irónico Lula, en un mensaje en vivo al lanzamiento de la campaña internacional «Stand with Lula» (Estamos con Lula) realizado en Nueva York, en paralelo al inicio de la Asamblea General de la ONU, donde el presidente Michel Temer ratificó que el juicio político que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff es «un ejemplo para el mundo».
En Nueva York fue lanzada la campaña organizada por la Confederación Sindical Internacional, que denunció a «poderosos intereses intentando bloquear la actividad política de Lula» en Brasil.
«Me enteré de que el juez aceptó esta denuncia que es una farsa, una gran mentira. Pero vamos a pelear por la verdad. Vamos a seguir luchando para que Brasil conquiste su democracia. Somos brasileños y no desistimos nunca», declaró el ex mandatario.
El líder del Partido de los Trabajadores sostuvo que «no hay un empresario que pueda decir que le he pedido ni un real», al proclamar su inocencia en un proceso en el que se convierte como procesado y en poco tiempo deberá ver la cara del juez Moro.
Lula recusó a Moro por imparcialidad e incluso denunció al magistrado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, por «abuso de poder» y persecución.