La Justicia argentina ordenó la detención de 63 prófugos de nacionalidad brasileña con pedidos de extradición involucrados en el ataque contra la democracia del 8 de enero de 2023 en Brasilia. Ya dos de ellos fueron aprehendidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en los últimos días. La comunidad de exiliados, que varía según las estimaciones pero se cuenta por cientas de personas del país vecino, vive momentos de preocupación ante la posibilidad concreta de que las extradiciones ocurran, a pesar de que se trata de un trámite judicial no exactamente corto. Sin embargo, algunos comentan que será decisiva la intervención que -esperan- tendrán Javier Milei e incluso Donald Trump en el asunto.
El reciente jueves la Policía Bonaerense anunció a la prensa la detención de Joelton Gusmão de Oliveira y Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, en ambos casos con condena firme en Brasil a 17 y 14 años de cárcel por participar de la violenta protesta en la que miles de personas invadieron los edificios del palacio presidencial de Planalto, el Congreso y el Tribunal Supremo de Justicia. Alexandre de Moraes, juez del máximo tribunal, asumió la investigación de esa jornada y juzgó a cientos de personas, en procesos que incluyen al mismo círculo íntimo político de Bolsonaro como a militantes de a pie que ese día participaron del ataque.
Desde inicios de 2024, cientos de personas condenadas en esos juicios vieron un mejor futuro en tierras argentinas a partir de la llegada de Milei al poder. Cruzaron la frontera de manera ilegal y se instalaron en distintas localidades de la gran mancha urbana de Buenos Aires, llegando incluso a La Plata. Allí, en la sede misma de la Dirección Nacional de Migraciones en la ciudad, Gusmão y Moro Ramalho fueron detenidos porque la policía esperaba que concurrieran a renovar su documento. Es que al menos 181 brasileños y brasileñas en fuga iniciaron los trámites legales para recibir el asilo político por parte del gobierno argentino. La evaluación de sus perfiles todavía no fue resuelta por parte de la gestión libertaria, y la pregunta que se abre es si este avance de la Justicia nacional no pondrá a los funcionarios a revisar con frenesí los perfiles de militantes que, al menos a priori, forman parte del mismo universo de ultraderecha conservadora que el gobierno anarcocapitalista.
Pero, ¿cuáles son los argumentos a favor y en contra que se cruzan en este momento en los despachos judiciales?
Refugiados y refugios
Hasta el momento, los brasileños que hayan iniciado la solicitud de asilo político ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) se encuentran bajo un estatus legal no definitivo que les permite acceder a derechos ciudadanos y tener un certificado de residencia precaria. Es en el alcance de estos derechos donde prófugos y perseguidores difieren en la interpretación de la ley.
Desde el punto de vista del bolsonarismo exiliado en Argentina, el marco legal los favorece. En especial luego de que el último 9 de septiembre el Boletín Oficial publicara lo resuelto en el Congreso nacional el 14 de agosto: la última versión del tratado de extradición entre Argentina y Brasil. El texto se remontaba a finales de 2019, pero recién fue confirmado este año y lleva la firma de Victoria Villarruel y Martín Menem como presidentes de ambas Cámaras.
Como informó este medio el 20 de octubre, en el artículo 3, inciso i, de ese tratado se lee que cualquier pedido será rechazado «si el delito por el cual se solicita la extradición es considerado por la parte requerida (en este caso Argentina) como un delito político o conexo a tal delito». ¿Qué es un delito político en los términos de este tratado? No se incluye definición. Apenas antes, el inciso del tratado f) afirma que tampoco Argentina entregará a quienes tengan estatus de refugiado o hayan solicitado asilo político.
Del otro lado del escritorio, fuentes judiciales le explicaron a Tiempo que la voluntad de la fiscalía y el juzgado que actúan en el caso es llevar adelante las extradiciones porque todo lo anterior no contradice la posibilidad de que sean detenidos preventivamente en virtud del tipo de delitos por los que fueron condenados. Según la interpretación del juez, no se trata de “delitos políticos” y están claramente tipificados en los códigos penales de Argentina y Brasil. Asociación ilícita, daño agravado y atentado contra la Constitución forman parte de los cargos que Gusmão, Moro Ramalho y otras 61 personas en el país tendrán que afrontar tras las rejas.
¿Y qué pasa con la condición de refugiado que otorga el trámite ante Conare? Las mismas fuentes comentan que el solo inicio de esa gestión en Migraciones no impide que la solicitud de extradición se inicie, que la detención preventiva se realice e incluso la extradición misma. Sin embargo, vale aclarar que hacia adelante los prófugos, ahora sí buscados por el Estado argentino, tendrían dos instancias de apelación, como en todos los procesos judiciales.
Solo la aprobación de las solicitudes de asilo político por parte del gobierno de Javier Milei cortaría el proceso por el cual los prófugos con pedido de extradición podrían recuperar la libertad. Llega entonces el tiempo político del asunto.
La última palabra
«Estamos tranquilos, esperando que vuelva Milei«, le dijo a Tiempo uno de los prófugos brasileños ante la consulta por el giro en la situación legal para varios de ellos. Aferrados a una confianza excesiva en la voluntad política del gobierno de La Libertad Avanza, en general los exiliados viven una tensa expectativa en estos días. También se ilusionan con el reciente triunfo de Donald Trump en EE UU. Uno de los exiliados comentó la posibilidad de que sea ese país el que intervenga en el caso para renover al juez Alexandre de Moraes de la Justicia de Brasil, lo cual provocaría la caída de todo el proceso. Otras voces expresan preocupación e incluso evalúan la necesidad de salir de Argentina hacia otros destinos.
Claudio Caivano, abogado brasileño que representa a muchos de los prófugos en Argentina y visitó el país varias veces en lo que va de 2024, publicó el viernes una imagen en la que se ve al juez Daniel Rafecas y a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner brindando con copas de champagne. La imagen, por supuesto, está editada, es fake. Caivano, de perfil público muy alto y con relaciones directas con el bolsonarismo militante, acompañó esa imagen con un largo texto.
«El hecho de que los refugiados brasileños vayan a la cárcel es otra aberración jurídica más que vemos suceder, fruto de un positivismo exacerbado en el que los verdaderos militantes del Poder Judicial insisten en despreciar el derecho en nombre de la ley. El juez federal Rafecas, enemigo declarado de Milei, recibió una lista de extradición creada en Brasil ¿y simplemente ejecutó el fallo que dicta las penas de prisión? Todavía queda mucho por procesar y entender, pero me informaron que el procedimiento seguirá las dos instancias que conocemos en Brasil y luego, la Corte Suprema. Al final, la orden de extradición deberá darla el presidente Milei”, planteó el abogado.
Por su parte, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, se lamentó por las detenciones en Argentina, aseguró que Rafecas es un juez «vinculado a la izquierda extrema» y dijo que confía en que Milei y el canciller Werthein «respetarán la ley». Todo un gesto de presión.
Vale la pena especular sobre cuál será el rol del presidente argentino en este problema que con el paso de los meses solo crece en dimensión. Algunas semanas atrás, fuentes cercanas al «triángulo de hierro» de la Casa Rosada aseguraron que el Poder Ejecutivo respetaría el trabajo de la Justicia respecto de los pedidos de extradición y que no intervendrían. En paralelo, la Conare aplazó durante todo el año la resolución de las solicitudes de asilo político desde Brasil, un wait and see que no se parece a la discursividad de la alianza multinacional conservadora que plantea Milei ante cada micrófono extranjero. Un conflicto real, patente y directo con el socio comercial más importante de Argentina pareciera pesar más que la batalla cultural contra supuestos comunismos que vendría a representar el presidente Lula. Entretanto, 61 brasileños y brasileñas son buscadas ahora mismo por la Policía. Se esperan novedades en las próximas horas.
