Mientras la oposición, encabezada por Juan Guaidó, culminó anoche la “consulta popular” en la que esperaban que una cantidad «importante» de venezolanos se pronunciara en contra de las pasadas elecciones parlamentarias y también del gobierno de Nicolás Maduro, en el chavismo ya cuentan los escaños de una mayoría abrumadora que conformará la nueva Asamblea Nacional a partir del próximo 5 de enero.
Es que con los resultados del domingo 6, en que el oficialismo se alzó con una victoria del 68,43% en unos comicios marcados por el abstencionismo promovido por la oposición mayoritaria y una reducida participación del 30% del electorado, el nuevo cuerpo legislativo unicameral tendrá 253 diputados chavistas, de los 277 escaños que se disputaron. Es un horizonte inmejorable para el gobierno de Maduro, no solo por la posibilidad de avanzar sin obstáculo con todas las leyes que se proponga, sino por el sabor a revancha de recuperar un poder que le fue esquivo desde 2015, cuando la misma oposición que hoy se retiró de la contienda había ganado masivamente las legislativas.
El gobierno, además, jugó esta partida con sus mejores cartas. Integrarán la nueva Asamblea cuadros de peso como Diosdado Cabello, número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente de la Asamblea Constituyente, que será disuelta. Jorge Rodríguez, hasta ahora ministro de Comunicación e Información y hermano de Delcy, vicepresidenta de Maduro; la esposa del presidente, Cilia Flores, expresidenta de la AN en tiempos de Chávez, y el hijo de ambos, Nicolás, también integrarán el nuevo Parlamento, entre otros dirigentes.
La oposición nucleada en la Mesa de Unidad Nacional (MUD), que integra el partido del autodenominado “presidente encargado” Guaidó, Voluntad Popular, junto con Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, actuó de forma similar a las elecciones de 2018, en las que Maduro ganó su reelección. En aquella oportunidad votó cerca del 50% del padrón. Esta vez, en cambio, de los más de 20 millones de inscritos votaron 6,2 millones, una abstención del 69%, la más alta en los últimos 15 años en un país donde el voto no es obligatorio.
Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA ya se habían pronunciado contra los comicios y rechazaron los resultados. La OEA lo hizo en una sesión el miércoles con una resolución mayoritaria que la Argentina no apoyó (ver aparte).
La consulta que concluyó ayer con la convocatoria a una marcha fue sancionada en la misma Asamblea Nacional, invocando el artículo 70 de la Constitución Bolivariana, aunque no avalada por la autoridad electoral. Planteó tres preguntas: “¿Exige usted el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?”, “¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?” y “¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?”. Con ello, la oposición apuesta a legitimar una pretendida retención de cargos legislativos, que faciliten la permanencia de Guaidó en el ejercicio de la presidencia simbólica apoyada por EE UU y unas 50 naciones.
La consulta, sin embargo, no es vinculante. Esto animó al chavismo, que considera a Guaidó un “fenómeno agotado”. Las mismas consultoras que acertaron en el 30% de participación del domingo pasado anticiparon una convocatoria similar para la consulta opositora, es decir, la manifestación de su núcleo duro, dando por hecho que la amplia mayoría votaría afirmativamente. Lo esperable.
Por estas horas se deberá estar conociendo los resultados de una votación convocada a participar a través de sitios web y aplicaciones de celular, además de unos 2500 centros informados para el voto presencial, registrado en forma digital. Sin la participación de organismos oficiales ni veedores imparciales, la verificación de los resultados recae en los organizadores y sus aliados.
Sectores cercanos al gobierno consultados por Tiempo dan por seguro que, sea cual fuere ese número, el 5 de enero cambiará el esquema de la Asamblea y la suerte de Guaidó quedará a la deriva, esperando quizá algún salvavidas arrojado desde Washington.
