Belgas, españoles y franceses ya mostraron su repudio a la reforma al sistema de pensiones que se plantea en cada país en consonancia con las directivas de la Unión Europea (UE). El jueves, unos 70 mil manifestantes recorrieron las calles de Bruselas, la sede de la mayoría de los organismos políticos de la institución regional, en reclamo por «jubilaciones dignas». Lo mismo hicieron, aunque en mucha menor cantidad, jubilados españoles por las calles de La Coruña, donde se viene gestando un gran movimiento nacional para exigir una reforma. Sí, pero de la Constitución de 1978, para que las jubilaciones sean reconocidas como uno de los derechos fundamentales a garantizar por el Estado. En Francia todavía los ferroviarios mantienen el fuego de la lucha contra la reforma del servicio de trenes que plantea el gobierno y que entre otras cuestiones establece un aumento en la edad de retiro para los trabajadores del sector. Pero el proceso de reformas de Emmanuel Macron también afectará a millones de trabajadores de otras ramas en los próximos meses.
La Unión Europea viene planteando reformas en el sistema de jubilación de todos sus países miembro en forma insistente desde la crisis económica de 2008. La salida neoliberal fue la estrategia que eligieron los líderes europeos para defender al euro en un momento crítico para la continuidad del bloque por la tormenta que se había desatado desde los países que se llamó PIGS, por las siglas en ingles de Portugal, Italia, Grecia y España.
En 2011 se comenzó a delinear los primeros proyectos para esas naciones más debilitadas por la crisis, con los primeros esbozos de aumento de la edad jubilatoria y de los años de aportes necesarios para acceder a ese beneficio. En 2013 se planteó directamente la aplicación del llamado Factor de Sostenibilidad y un Índice pomposamente denominado de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social (IRSPSS).
El Factor de Sostenibilidad comenzará a ponerse en práctica el 1° de enero de 2019 y determina un ajuste en las jubilaciones de acuerdo «a la evolución de la esperanza de vida». Esto es, si se estima que un nuevo jubilado va a vivir más años, es claro de acuerdo a esta óptica que por lo tanto va a cobrar su ingreso por más tiempo. De modo que en lugar de incrementar los ingresos proponen estirar el existente repartiendo la suma total en menos pagos mensuales.
«La aplicación del factor de sostenibilidad en 2019, que vincula la pensión a la esperanza de vida, es una herramienta adecuada para conjugar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento de la población», afirma el documento que cuestionan sindicatos de todo el continente. Y no es para menos: en ningún lugar de ese texto se plantea el ideal de construir un sistema solidario de reparto de pensiones en función de los aportes de los trabajadores activos.
Por tal razón, se establece que gradualmente ese Factor se modificará, con revisiones cada cinco años, y regirá para cada nuevo jubilado al momento del retiro. El índice IRSPSS, mientras tanto, corre en paralelo y determina que las jubilaciones sólo van a subir si aumentan los ingresos del sistema de pensiones por encima de una tasa de crecimiento del número de pensiones.
El primer Factor, según algunos analistas como el español Raúl Jaime Maestre en el Blog Salmón, aventuran ya que oficialmente aún no se dijo nada que debería ser del orden del 0,47%. Esto implica que una jubilación que con el cómputo actual debería ser de 1000 euros pasará a ser de 995,3 euros desde 2019.
El índice, a su vez, se estima que rondará en torno a un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC (Índice de Precios del Consumidor) + 0,5 por ciento.
Un dato a tener en cuenta es que en el caso español, según marca Maestre, los jubilados perdieron 235 euros de poder adquisitivo durante 2017, tras una revalorización de un 0,25 por ciento. Por ese ínfimo aumento, en marzo miles de ciudadanos salieron a protestar en las principales ciudades de la península. Para la UE, sin embargo, fue un aumento excesivo.
Disparidad en el Viejo Continente
Un reporte de Gonzalo Velarde para la Radio Televisión Vasca (Euskal Irrati Telebista, EiTB) muestra la disparidad entre lo que cobran los jubilados de cada país europeo. Los suecos están a la cabeza del ranking, con 1500 euros, y los portugueses en apenas 400, casi lo mismo que los griegos. Desde de este marco, los españoles promedian los 900 euros y en algunos casos es mayor que la de un joven que comienza a desempeñarse en alguna actividad en relación de dependencia.
También hay disparidad en cuanto a la edad de retiro, desde un promedio de 63 años pero con tendencia a extender la etapa laboral.
En estos años hubo recortes en todas las pensiones, pero los que más padecieron fueron los helenos. Nada menos que 13 rebajas desde que el país entró en bancarrota y la troika -la temible alianza entre el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea- diseñaron el plan «salvador» para toda la economía. Un plan que los ciudadanos reprobaron en referéndum, pero que el mismo gobierno que había llamado a consulta terminó por aplicar en 2015. «
