El presidente peruano, Martín Vizcarra, se afianzó en el poder con la sorpresiva renuncia de la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien había sido nombrada para sustituirlo por el disuelto Congreso dominado por la oposición fujimorista.

«Comunico mi decisión de renunciar de manera irrevocable al cargo de Segunda Vicepresidenta Constitucional de la República» y «cumplo con declinar el encargo conferido» por el Congreso de sustituir a Vizcarra, escribió Aráoz en una carta al jefe del Legislativo, Pedro Olaechea, que ella difundió en su cuenta de Twitter.

Además, agregó en la red social que esperaba que su renuncia condujera al adelantamiento de las elecciones generales (presidenciales y legislativas), una propuesta de Vizcarra formalmente rechazada por el Congreso la semana pasada y a la que ella misma se oponía.

Pese a que Vizcarra disolvió el Congreso el lunes, no ha habido caos en Perú: la bolsa y el dólar se mantuvieron estables y todas las actividades se desarrollaban normalmente.

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Aráoz, quien se alió con sus antiguos adversarios fujimoristas para enfrentar las iniciativas del presidente, decidió renunciar luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazara involucrarse en la disputa de poderes en Perú.

Su dimisión fue saludada por el nuevo primer ministro de Vizcarra, Vicente Zeballos, quien dijo que Aráoz «está corroborando su actitud demócrata».

La OEA dijo este martes que competía al Tribunal Constitucional de Perú pronunciarse sobre «la legalidad y legitimidad» de la disolución del Congreso. Además, consideró «constructivo» que Vizcarra convocara a comicios legislativos para el próximo 26 de enero.

Los líderes del disuelto Congreso evalúan ahora presentar un recurso ante el Tribunal para que revoque la disolución, aunque desconfían de sus magistrados, dijo Olaechea.

«Sabemos que el Tribunal es adicto al gobierno», expresó el jefe parlamentario a corresponsales extranjeros.

Una disputa con el parlamento sobre la designación de magistrados del alto tribunal condujo a Vizcarra a disolverlo.

Lima ha permanecido tranquila. Lo único inusual el martes era la fuerte vigilancia policial en el Palacio de Gobierno y el Congreso. 

La Iglesia llamó a la calma y a «actuar de acuerdo al orden constitucional y democrático», pero la cúpula empresarial acusó a Vizcarra de perpetrar una «violación de la Constitución». Los líderes del Congreso también lo acusan de haber dado un «golpe de Estado».

Tras la disolución del Congreso, varias manifestaciones coloridas y bulliciosas se celebraron en todo el país en respaldo a Vizcarra. En cambio, nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, cuya actuación es rechazada por casi el 90% de la ciudadanía, según sondeos.