El fallo que condenó en ausencia al expresidente ecuatoriano Rafael Correa a ocho años de prisión y, fundamentalmente, a 25 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, habría violado el Estado de Excepción instaurado por el gobierno de Lenin Moreno frente a la pandemia del Coronavirus, donde Ecuador es el país con más casos por habitante de toda Latinoamérica.

“En su afán de condenar a Correa infringieron una norma penal”, avanzan desde el entorno del líder de Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández. Según explicó a Tiempo el dirigente y mano derecha de Correa, “el decreto 1017 que se emite el 16 de marzo es muy claro, señala que la función judicial tiene que seguir funcionando para los temas de flagrancia y expresamente para todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del orden y la convivencia pacífica, en forma exclusiva. Eso dice el decreto emitido por el presidente Lenin Moreno. Es decir que cuando se convoca a esta audiencia (que dio lugar a la sentencia) se está violando el decreto”. Hernández aseguró que el argumento que se sostendrá para justificar el juicio, de que los jueces actuaron “amparados en una resolución del Consejo Nacional de la Judicatura” también es violatorio, ya que “una resolución nunca puede contradecir a la Constitución ni a un decreto”.

Hernández, quién enfrenta una causa por “rebelión”, estuvo detenido y luego excarcelado con una tobillera, asegura que se trata de la intención “política” de acelerar las instancias judiciales para que el expresidente quede fuera del proceso electoral de 2021, para el que su espacio registra mediciones muy favorables entre el electorado. “Tienen la necesidad de que se acabe esta primera instancia para que luego venga la apelación, Casación y finalmente establecer sentencia ejecutoriada con el afán de proscribir a Correa en la participación electoral. Es decir, ni ahora cuando vivimos la más profunda crisis, cuando el gobierno ha demostrado que no tiene capacidad de recoger los cadáveres, ni siquiera de contarlos, en medio de ese drama están preocupados por la persecución política, cuando el gobierno debió ser el principal interesado en promover la unidad nacional”, expuso.

A Correa lo condenaron, junto con otros ex funcionarios, por unos supuestos sobornos para financiar la campaña de reelección de 2013. Los acusados señalan que como “pruebas” de pagos ilegítimos se presentaron recibos oficiales. Por otro lado, la única acusada beneficiada con la “delación premiada” fue una secretaria que ofreció un “cuaderno” utilizado también como prueba por la fiscalía.

Si bien Hernández dice no confiar en los procesos judiciales en su país dado que “aquí hace rato que Correa, los correístas, dejamos de tener justicia”, confirmó que el equipo jurídico trabaja en una próxima apelación. “Si no se actuara en derecho tendrá que venir Casación, luego la Corte Institucional y posteriormente Cortes Internacionales. Pero está claro que aquí no hay justicia para nosotros. Aquí hay objetivos políticos”.