El gobierno golpista de Bolivia continúa a la caza de opositores del MAS, el partido de Evo Morales. En su decisión de esmerilar la presencia de la fuerza política para las próximas elecciones, el gobierno de la autoproclamada Jeanine Áñez detuvo al exministro de minería, César Navarro; al exviceministro de Desarrollo Rural, Pedro Damián Dorado; y a la apoderada legal del exmandatario refugiado en Argentina, Patricia Hermosa.

Navarro y Dorado eran dos de los refugiados que estaban en la embajada de México en Bolivia y tenían un salvoconducto para viajar hacia Lima en un vuelo comercial. Al momento de ser detenidos, cuando se dirigían al aeropuerto de El Alto cerca de las 4 de la madrugada, estaban en compañía de los embajadores de México y de la Unión Europea. En el caso de los dos hombres, la medida se revirtió, aseguró el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo: «Lamentablemente ha existido una descoordinación entre el Ministerio Público y la Policía». El ministro tuvo que hacer las aclaraciones del caso ya que su gobierno se había comprometido a permitir la salida de los dos exfuncionarios, a los que aseguró se les entregó nuevos pasajes para ir a México vía Lima.


A la vista de toda la comunidad internacional pero con su silencio cómplice, el gobierno de facto lleva adelante una acción proscripción política de hecho que es reflejada por los medios periodísticos como temas policiales o vinculados al delito de “sedición”. Las detenciones de opositores políticos son cotidianas, con la consecuente violación a las garantías constitucionales. En este accionar se encuentra alineados el Poder Ejecutivo, el Judicial, las fuerzas policiales y no son ajenos los principales medios de comunicación.

Morales hizo públicas esas detenciones que se sumaron al arresto de Patricia Hermosa el viernes, como parte de una maniobra para evitar su candidatura a asambleísta: “Denuncio ante la comunidad internacional la detención ilegal de mi apoderada Patricia Hermosa, responsable de realizar los trámites para mi postulación como asambleísta y el secuestro de toda mi documentación personal, como mi libreta de servicio militar”, apuntó en su cuenta de Twitter.

El lawfare en Bolivia se lleva adelante a la vista de todos y sin disimulos ni medias tintas. El mismo candidato a la presidencia del MAS, Luis Arce, que fue electo por los delegados de ese partido en Argentina dado que no están dadas las condiciones en su país, fue citado por la justicia apenas regresaba a su patria para iniciar su campaña. Las elecciones están convocadas para el 3 de mayo de 2020 y la derecha boliviana con el apoyo de los Estados Unidos y el silencio de la mayoría de los países de la región está asegurándose de que el golpe de Estado que llevaron adelante se consolide mediante elecciones manipuladas.