El pasado jueves llegó al Palacio de Carondelet, sede presidencial ecuatoriana, el oficio firmado por las autoridades de la Asamblea Nacional, notificando al presidente Guillermo Lasso, que el cuerpo Legislativo lo someterá a juicio político por atribuirle un hecho de corrupción vinculado con la petrolera pública, que ocasionó pérdidas millonarias al patrimonio nacional.

Una decisión adoptada por 88 legisladores, apenas cuatro menos de los que el pleno, de 137 miembros, requiere para destituir al mandatario. La Asamblea prevé que el juicio, que llegó a una instancia inédita hasta ahora en Ecuador, comenzará a realizarse el martes, cuando el presidente asista al recinto a ejercer su defensa. Debería asistir en persona, pero podría tratar de que sea su procurador quien lo represente.

A través de su ministro de Gobierno, Henry Cucalón, el presidente confirmó que se presentaría. «Él va a acudir a la Asamblea Nacional a defender su posición y a demostrar la verdad», expresó Cucalón.

Si bien la oposición está bastante dispersa en el Congreso, el correísmo es la principal fuerza, con cerca de 50 bancas, y uno de los principales impulsores del juicio político. El bloque indigenista Pachakutik, también opositor, aunque con diferentes corrientes internas, cuenta con 25. Al contrario, la endeble bancada de Creando Oportunidades (CREO), que responde a Lasso cuenta con apenas una docena de legisladores. El bloque oficialista acusó durante la sesión a los partidarios del expresidente Rafael Correa de promover un «golpe de Estado parlamentario» contra el Gobierno de Lasso, que deslizó la posibilidad de accionar la “muerte cruzada” prevista en la Constitución, que le otorga la facultad de disolver el Congreso y llamar a elecciones generales anticipadas. El proceso se desarrolla en medio de la elección de nuevas autoridades legislativas, prevista para hoy.

Al presidente le atribuyen el presunto delito de peculado, que se habría cometido en los contratos para el transporte de hidrocarburos entre la empresa estatal Flopec y Amazonas Tankers, una alianza de firmas. Según la acusación, Lasso no suspendió el acuerdo a pesar de haber sido advertido del perjuicio que ocasionaba al país, estimado en 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado.

La defensa del presidente alega que el contrato en cuestión fue firmado en 2018, dos años antes de que tomara posesión del cargo, en mayo de 2021.

En su acusación, la Asamblea postula que el presidente, junto con funcionarios señalados en el proceso, “definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo a favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”. Además afirma que Lasso “conocía y sabía de la estructura de corrupción” en la empresa pública y “jamás cumplió su deber constitucional” de “remover y denunciar penalmente a los funcionarios responsables de estos ilícitos”.

El martes será la primera jornada de un juicio que se estima, durará 45 días. Según lo reglado, Lasso tiene tres horas para defenderse. Luego se desarrollarán las intervenciones de los legisladores. El juicio político está previsto en los artículos 129, 130 y 131 de la Constitución ecuatoriana. Este es el segundo intento por remover a Lasso en menos de un año, pero es la primera en que se llega a esta instancia.  «