La situación de las políticas migratorias a escala global se fue agravando desde la pandemia del Covid-19. Si bien con anterioridad siempre estuvieron ligadas a las necesidades del mercado laboral, tras la pandemia nunca se retrotrajeron a la desigual y precaria situación anterior. 

A partir de la pandemia, en los EE UU, con el «título 42»,  normativa del gobierno de Donald Trump, con la excusa de la seguridad sanitaria, el trámite de expulsión de cualquier migrante irregular o los llamados indocumentados se convirtió en una suerte de trámite exprés. La llegada de Joe Biden no alteró esa política restrictiva que transformó el Estado de Derecho de los migrantes en un Estado de excepción.

Este jueves 11 caducó esa norma restrictiva heredada. Desde hace tiempo, se esperó ese día ilusoriamente como una nueva posibilidad de ingreso por parte de miles de migrantes. Pero un día, el secretario de Seguridad, Alejandro Mallorka, dio un mensaje claramente restrictivo, dirigido a los miles de migrantes que han cruzado la frontera Sur a un ritmo de más de 6000 migrantes por día en las últimas semanas: quedarían, según él, fuera de toda posibilidad de ser aceptados por EE UU. El requisito actual obliga a solicitar asilo (y a que se les deniegue) en los países por los que pasen los migrantes, previo a entrar a EE UU. También deben concertar una cita a través de la aplicación CBP One, para poder optar al asilo y evitar una rápida deportación.

Aunque el «título 42» dejó de tener efecto, en los días previos la Guardia Fronteriza retuvo a cientos de migrantes, procesándolos. Se les exigía la promesa de entregar documentos temporales con fechas lejanas, de citas programadas en otros Estados como el de Florida. Este doble mensaje avisa que será un largo proceso de legalización. Mallorka, además, advirtió al contingente de migrantes que intentan llegar a través de la frontera sur, que “no escuchen a los contrabandistas de seres humanos”. Enfáticamente centró su discurso en denunciar a los contrabandistas. Aseguró que la realidad migratoria les permitirá el refugio automático, aunque la realidad es otra. “Les pido a los migrantes de Centroamérica que no arriesguen sus vidas y ahorros de toda la vida, para llegar aquí, si es que tienen la suerte de llegar en esa larga travesía”, dijo.

Estas nuevas disposiciones de la administración Biden, en coincidencia con las políticas migratorias de Trump, son claramente violatorias de las normativas de ONU, decididas en el Pacto Global Migratorio acordado en Marraquesh, previo a la pandemia. Una verdadera violación en términos de los derechos que les corresponden a los migrantes.

Se constituye en una suerte de opción por la lógica del Estado de excepción, como propia del trato jurídico a los inmigrantes. Es decir incumple las reglas del Estado de Derecho, a las mínimas reglas de igualdad ante la ley, de la seguridad jurídica, de la presunción de inocencia, del derecho a la asistencia letrada, del derecho a un juez imparcial, del derecho a no ser expulsado por un procedimiento administrativo, de respeto al principio de prioridad e interés del menor, etcétera. Principios que fueron recogidos por el Pacto Global de Migraciones seguras, regulares y ordenadas de la ONU, en 2018.

En un mundo globalizado donde el poder real exige la libre circulación de mercancías y capitales, las trabas para la libre circulación de seres humanos sigue siendo la excepción de la globalización capitalista.