La Fuerza Armada de Venezuela dio este jueves un espaldarazo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al calificar de «golpe de Estado» en marcha la autoproclamación del líder parlamentario opositor, Juan Guaidó, como mandatario interino con respaldo internacional.

«Alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra la democracia, contra nuestra Constitución, contra el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo», aseguró el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino, flanqueado por toda la cúpula militar.

Al leer un comunicado ante la prensa, el ministro señaló como autores de ese «plan criminal» a «sectores de ultraderecha auspiciados descaradamente por agentes imperiales», que, dijo, buscan generar «caos y anarquía» en el país.

Poco antes, ocho generales que comandan regiones estratégicas del país ratificaron su «lealtad y subordinación absoluta» a Maduro, en mensajes difundidos por la televisión estatal.

La Fuerza Armada, que se define como seguidora del fallecido líder socialista Hugo Chávez (1999-2013) y «antiimperalista», es considerada el principal sostén de Maduro. «Leales siempre, traidores nunca», «Chávez vive, la patria sigue», dijeron.

Los militares reiteran que están unidos, pero han mostrado fisuras: dos generales están detenidos vinculados con la activación de dos drones cargados con explosivos cerca de una tarima donde estaba Maduro el 4 de agosto y el pasado lunes 27 militares fueron detenidos tras sublevarse.

El miércoles, Guaidó llamó a las Fuerzas Armadas a ponerse «al lado del pueblo y de la Constitución» y les reiteró la oferta de una ley de amnistía a quienes desconozcan a Maduro.

Para los analistas de Eurasia Group, el reconocimiento del alto mando militar es vital para que Guaidó pueda liderar una transición, por lo que una «caída de Maduro no parece inminente».

Maduro tiene previsto asistir este jueves a una sesión en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, que el miércoles ordenó a la Fiscalía investigar penalmente a los miembros del Parlamento -de mayoría opositora-, al acusarlos de usurpar las funciones de Maduro.