Un hombre murió este domingo en Azuay, una provincia al sur de ecuador, en el marco de las manifestaciones que se producen en todo el país contra el paquetazo de ajustes lanzado por el gobierno de Lenin Moreno como parte de sus acuerdos con el FMI. Las protestas ya produjeron al menos 14 heridos y 477 detenidos luego de que Moreno, que llegó a la presidencia como representante del partido de Rafael Correa pero luego dio un giro de 180 grados en todos los órdenes contra el proyecto progresista, dictó el viernes el estado de excepción, una suspensión de derechos y garantías constituciones que en estas tierras se conoce como estado de sitio. Como contrapartida, las comunidades originarias nucleadas en la mayoritaria Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) también declararon un «estado de excepción en todos los territorios indígenas», lo que implica que «militares y policías que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a la justicia indígena (reconocida por la Constitución)».

La primera consecuencia de esta réplica fue la detención este sábado de 50 uniformados en la comunidad Nizag, provincia de Chimborazo (centro-sur). La primera reacción del gobierno fue desconocer esa información, pero luego la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró se mantienen negociaciones para su liberación.

En cuanto a la víctima fatal, la funcionaria declaró que no hubo «ni una sola persona muerta como resultado de los enfrentamientos”. El subterfugio que utilizó fue decir que “hubo una persona que perdió su vida en el arrollamiento en la zona de Molleturo, pero no fue resultado de un enfrentamiento con la fuerza pública». Si no hubiera habido protestas ni represión policial esa persona seguiría con vida. Se trataría de un hombre de unos 35 años atropellado por un vehíoculo que intentaba evadir el bloqueo de la ruta.

La comunidad de Nizag había retenido a tres policías, 38 soldados y nueve oficiales del ejército, entre ellos el comandante de la Zona 6 de la Policía, Fernando Torres. La gobernadora de la provincia de Chimborazo, Luisa Loza, y la directora de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, intentaban llegar a acuerdos con los líderes comunitarios para lograr la liberación. “Esto no está bien, no es aceptable y no es cierto que esto sea una manera legítima de manifestarse, están cometiendo una grave falta», se quejó la ministra.

El 1 de octubre el presidente Moreno anunció la eliminación del subsidio de 1.300 millones de dólares a los precios del gas oil y la nafta y una serie de recortes presupuestarios que llegan hasta una baja del 20 por ciento en los salarios de los estatales, lo que despertó la ira popular.

A medida que avanzaron los días y al clima de protesta no cesa, el mandatario convocó a las fuerzas armadas, que desplegaron sus tanques por las principales ciudades y dictó el estado de sitio, aunque al mismo tiempo convocó al diálogo con las poblaciones indígenas, que incluso en otros tiempos se llegaron a plantar ante Rafael Correa por sus proyectos de explotación petrolera y minera.

«Estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. ¡Dialoguemos! sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados», dijo Moreno este domingo en cadena nacional.

El viernes el mandatario fue a Guayaquil en lo que muchos interpretaron una huida ante la posibilidad de que las manifestaciones lleguen hasta la sede del gobierno, en Quito. Esos mismos críticos ahora se preguntaban si Moreno había regresado a la capital ya que su imagen en cadena no permitía saber desde dónde se había filmado el mensaje.


Poblaciones indígenas de al menos seis provincias, especialmente de la Sierra, bloquearon carreteras para manifestar su rechazo a los ajustes de Moreno dictados por el FMI, que febrero pasado otorgó un préstamo de 4200 millones de dólares, lo que junto con otros fondos del Banco Mundial y el BID suman 10200 millones de dólares condicionados a una serie de ajustes brutales para los habitantes de esa nación.

Las comunidades originarias se dirigían en forma masiva hacia Quito para una huelga general decretada por sindicatos y agrupaciones sociales. El líder de la Conaie, Jaime Vargas, descartó toda posibilidad de diálogo con el gobierno. “Aquí no estamos para negociar a espaldas del pueblo. El pueblo se ha levantado y eso es lo que se va respetar”, afirmó.