Que un presidente tenga que cambiar un itinerario en su país por una marcha en contra no llamaría la atención. Que se cambie una agenda acordada previamente cuando hace una visita oficial a otra nación ya resulta menos usual, sobre todo entre socios íntimamente hermanados como Argentina y Brasil. Pero esto le ocurre al ex capitán del Ejército brasileño Jair Bolsonaro, que realizará todas sus actividades programadas en Buenos Aires dentro de la Casa Rosada para no cruzarse con las manifestaciones de rechazo que recibiría en el tránsito por las calles porteñas y que convocaron organismos de derechos humanos, movimientos sociales y políticos y de residentes brasileños bajo lemas como «tu odio no es bienvenido aquí» y «fuera Bolsonaro y el fascismo de Argentina y América Latina».
A su regreso a Brasilia, sin embargo, también se topará con el repudio de multitudes que tras las últimas y masivas marchas que hubo en todo el territorio brasileño, demuestran un creciente rechazo a sus políticas de recortes presupuestarios y ataques a la educación pública, fundamentalmente. Así lo pronostica João Pedro Stedile, líder tradicional e integrante de la Dirección Nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. «La disputa ideológica se dará en las calles», asegura Stedile en un reportaje concedido a Brasil de Fato, un medio alternativo, durante la inauguración de la capilla de Nuestra Señora de Aparecida -el santo patrono de Brasil- y de la Bodega de la Reforma Agraria en São Miguel do Gostoso, en Río Grande del Norte.
La evaluación de Stedile se basa en el clima de protesta que va creciendo contra una política nacional destinada a cortar con los fondos que reciben las instituciones de educación pública, además de que busca terminar con la autonomía universitaria para poder incidir con su agenda ultramontana en todos los ámbitos de la instrucción superior.
Toda la apuesta de Stedile está en acumular fuerzas para la huelga general que convocan gremios y movimientos sociales. «Las movilizaciones de la juventud y los profesores (del 15 y el 30 de mayo) nos dan ánimo para una huelga general de hecho, el 14 de junio. La clase trabajadora precisa comprometerse y parar el trabajo, la reproducción, la circulación de personas y mercadería para que los capitalistas, que son los dueños de ese gobierno, sepan que si continúan quitando derechos la clase trabajadora no lo va a aceptar».
Ya hubo reformas laborales desde la destitución de Dilma Rousseff, encaradas por Michel Temer, pero la gran apuesta de Bolsonaro es la reforma previsional, que está trabada en el Congreso entre otras razones porque las manifestaciones sorprendieron a toda la dirigencia. Los brasileños no son de salir a protestar masivamente en las calles y en ambas movilizaciones hubo millones de personas en todo el país.
La política educativa está en el centro del debate por ser uno de los grandes logros de la gestión del PT desde que Lula da Silva asumió en poder en 2003. El candidato del partido en la elección del año pasado, Fernando Haddad, fue precisamente el ministro de Educación que fomentó la creación de universidades estatales y planes de apoyo incluso económico para la ampliación de la base de jóvenes que podían acceder a la educación.
Contra esta extensión de derechos apuntó de entrada Bolsonaro, por motivos ideológicas pero con argumentos presupuestarios que le baja su ministro de Economía, Paulo Guedes, un hombre formado en la Escuela de Chicago y que hoy integra la comitiva que acompaña al mandatario brasileño en Buenos Aires.
A cuatro meses de haber asumido en el Palacio del Planalto, la imagen de Bolsonaro se derrumbó, al igual que la economía en general del país. Su porte desafiante con tintes racistas y homofóbicos le acarreó no pocas críticas de sectores incluso de derecha. Hasta dentro de las Fuerzas Armadas, su principal sostén -su vicepresidente, Hamilton Mourao, y la mayoría de su gabinete son militares- crece la irritación por sus posiciones extremas en política exterior y soberanía nacional. El alineamiento con Donald Trump les preocupa e irrita porque deja a Brasil en una posición de servilismo que los antecedentes de ese país no registran.
A esto apuntó Lula da Silva en un par de reportajes a medios locales desde su prisión en la sede de la Policía Federal de Curitiba. «Tenemos motivos de sobra y bandera para ir a la calle juntos, y coloco la cuestión de la soberanía como cosa muy fuerte. Defendiendo la soberanía estás defendiendo a tu país, tú territorio, tu pueblo y tus riquezas», le dijo en una entrevista al portal Tutameia. Y agregó que lo más importante de este momento es «la lucha por el salario, por el empleo, por la mantención de una jubilación justa para las personas y la cuestión de la soberanía nacional».
Desde que el Supremo Tribunal de Justicia autorizó a que el ex presidente concediera entrevistas, la palabra de Lula encontró un cauce en la sociedad para otra agenda. Hasta ese momento, el discurso dominante se manifestó casi exclusivamente en la boca de Bolsonaro o de sus hijos, más extremistas que él, si cabe.
El tema de la soberanía puede reconciliar al PT con los sectores militares de corte más nacionalista, que habían presionado en su momento para que el líder metalúrgico no pudiera ser candidato a la presidencia, pero ahora tienen un problema mayor con un mandatario imprevisible con el que tienen disputas cotidianas. La eventual caída de Bolsonaro arrastraría a las Fuerzas Armadas, además de envolver al país en una crisis de imprevisibles consecuencias.
Que hubo cambios en los ejes del establishment se revela en que el STJ redujo la sentencia a Lula de modo que estaría en condiciones de tener libertad condicional en pocos meses. El martes, el Ministerio Público opinó que el ex presidente ya está en condiciones de obtener los beneficios de un régimen semiabierto, lo que implica poder salir a trabajar durante el día y dormir en la cárcel.