El gobierno de Estados Unidos viene forzando al límite las reglas de un tribunal secreto para espiar y perseguir a periodistas, según documentos obtenidos tras una demanda de dos ONG dedicadas a defender la libertad de prensa. La primera lectura diría que todo esto es parte de una ofensiva del presidente Donald Trump contra uno de sus objetivos desde que llegó la Casa Blanca: los medios y el periodismo en general. Sin embargo conviene hacer dos acotaciones clave: el tribunal en cuestión fue creado hace justo 40 años durante el gobierno del demócrata Jimmy Carter a instancias de una propuesta de otro miembro de su partido, el senador Ted Kennedy, el tercer hermano de esa dinastía. Y que además, las primeras revelaciones sobre este sistema de vigilancia saltaron a la luz en 2013, durante la administración de Barack Obama. El ingrediente ahora es que estas prácticas no solo prosiguieron sino que en manos de Trump se potenciaron.
Amparados en la Ley de Libertad de Información estadounidense, la Freedom of the Press Foundation (FPF, Fundación para la Libertad de Prensa) y la Knight First Amendment Institute (KFAI, Instituto Knight de la Primera Enmienda, la que garantiza la libertad de prensa) de la Universidad de Columbia, obtuvieron los documentos que prueban de qué modo las autoridades siguen vigilando a periodistas mediante ordenes FISA (por Foreign Intelligence Surveillance Act o Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera). Y también de qué manera pueden abusar de esta prerrogativa, según publicó Cora Currier en el portal The Intercept.
La importancia de haber expuesto estos documentos es que, como dijo Trevor Timm, de la FPF, por primera vez el Departamento de Justicia muestra los lineamientos que aplicó para la vigilancia. Y se pregunta, preocupado. «¿Cuántas veces se han utilizado las órdenes judiciales de FISA para apuntar a periodistas? (…) ¿Cuántos periodistas han sido vigilados en total, cuántos están actualmente bajo una investigación FISA?».
Pero vayamos por partes. El FISA surgió como propuesta de Ted Kennedy , el atribulado hermano de los dos líderes demócratas asesinados en los años 60, el presidente John y el procurador general Robert. Corría el año 1977 y el tema de la libertad de prensa estaba en el candelero luego de la arremetida del republicano Richard Nixon primero contra los diarios que publicaron los Papeles del Pentágono (Pentagon Papers en el original, llevados al cine el año pasado por Steven Spielberg en The Post), y luego por la revelación del Escándalo de Watergate, que finalmente lo obligaría a renunciar, en 1974.
Esos dos temas marcarían del tal modo la política y el periodismo en el mundo que con solo agregar «Papers» a una gran filtración de documentos -en ese caso era sobre la guerra de Vietnam, expuestos ante los diarios The New York Times y Washington Post por el analista Daniel Ellsberg- los medios ya tienen un título. Pasó hace un par de años con los Panamá Papers.
El sufijo Gate habla, en tanto, de otro tipo de ilegalidades publicas, como pasa ahora con el Gloriagate o Cuadernogate. Y Watergate es apenas el nombre del edificio de oficinas de Washington DC donde espías – mandados por el presidente Nixon y bastante torpes ellos, por cierto- vigilaron una convención de los demócratas.
Ambos sucesos llevaron al debate el modo en que un gobierno puede utilizar los servicios de inteligencia para escudriñar lo que hacen sus propios ciudadanos. Porque la seguridad interior está en manos del FBI, pero ese organismo necesitaría que un juez le dé una orden escrita para intervenir teléfonos y poner el ojo sobre una persona. Y un magistrado necesita tener alguna sospecha o fundamento para autorizar esa medida.
No era así como había actuado Nixon. El debate, en plena Guerra Fría, fue qué hacer entonces cuando había sospecha de actividad de organismos extranjeros dentro del país sin que se enteren de los tienen en la mira. La propuesta de Kennedy fue crear un tribunal secreto que estudie la necesidad expresa de algún organismo estatal que lo requiera y dé la orden respectiva. Todo legal.
La ley FISA fue firmada por Carter el 25 de octubre de 1978 y establece la creación de un Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISC (por Foreign Intelligence Surveillance Court). Ese tribunal está integrado por once jueces nombrados por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Otra normativa aprobada ese año, las llamadas Cartas de Seguridad Nacional, permiten al FBI recoger información privada sobre los estadounidenses sin su consentimiento, y si bien fueron declaradas inconstitucionales por la juez estadounidense Susan Illston en 2013, siguen vigentes.
La corte secreta tomó mayor relevancia luego de los atentadas a las Torres Gemelas, el 11-S de 2001, porque de inmediato se aprobó la Patriot Act (Ley Patriota) que bajo la excusa de perseguir el terrorismo, clausuró muchas de las libertades civiles consagradas en la tradición estadounidense. La corte en las sombras comenzó a trabajar a destajo y casi no puso objeciones a lo que le reclamaban las autoridades.»Usted lo pide usted lo tiene», parece ser el mena.
Con un adicional, no solo organismos dedicados a la vigilancia interior podrían actuar, ya que la CIA y la NSA, la agencia que espionaje electrónica, estarían en condiciones de sospechar de un periodista que tenga como fuente a un extranjero o intercambie mensajes o mails con un residente en el exterior. Hurgando en el foráneo, se meten en el local.
Si FISA nació como intento de legalizar la intervención del propio gobierno sobre sus ciudadanos en el contexto de la Guerra Fría y luego de una filtración que sirvió para cuestionar la guerra que EEUU desarrollaba en Vietnam, en estos últimos años las filtraciones y cuestionamientos a gobierno estadounidense se multiplicaron.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante los micrófonos de la prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca.
Durante el gobierno de Obama (2010-2016) Julian Assange lanzó WikiLeaks, donde en 2010 el soldado Bradley (luego Chelsea) Manning filtró millones de documentos sobre atrocidades cometidas por tropas de EEUU en Irak. Manning terminó preso y Assange esta refugiado desde 2012 en la embajada de Ecuador en Londres para no ser sometido a la ley en EEUU.
Fue durante ese gobierno que Edward Snowden filtró en 2013 desnudó la manera en que la NSA espía a todo el mundo en todo el mundo mediante todos los aparatos electrónicos que utiliza un ciudadano común.
En ese mismo año se supo que el gobierno de Obama había intervenido unas 20 líneas de la agencia de noticias Associated Press (AP) para determinar quién había filtrado información secreta sobre una operación en Yemen contra un activista de Al Qaeda. El procurador de Justicia, Eric Holder, tuvo que salir a dar explicaciones.
«El objetivo de vigilancia sobre los periodistas, especialmente cuando se trata de determinar sus fuentes, históricamente ha estado limitado por la Primera Enmienda», escribe Currier en The Intercept, para aclarar luego que «después de que surgió que el gobierno de Obama había confiscado secretamente los registros telefónicos de la AP y nombrado a un reportero de Fox News como cómplice en un caso de filtración, el ex fiscal general Eric Holder instituyó nuevas directrices que hicieron que la investigación sobre periodistas sean un «último recurso», y dijo que el Departamento de Justicia necesitaba notificar a los periodistas cuando se incautaran sus registros»
Holden reformuló la aplicación de FISA y estableció que antes de proceder a la vigilancia se debía tener la aprobación por escrito del titular de Justicia y su gabinete y que los trabajadores de prensa no podrían ser enjuiciados por actividades de recopilación de noticias.
Las filtraciones son un tema que desvela a mandatarios desde los affaires de Nixon en los 70 y de Obama entre 2010 y 2016. Ni qué decir de Trump, cuando hace unos días Bob Woodward, el mismo que saltó a la fama con la investigación de Watergate, publicó un libro con revelaciones de su gestión que solo podría conocer mediante fuentes cercanas al presidente. Y cuando el mismo día el Times publicó una columna sin firma de un funcionario suyo que no lo deja bien parado.
El actual fiscal general Jeff Sessions, dijo en una comparencia en el Congreso que hay en curso 27 investigaciones sobre filtraciones, de las que no dio precisiones. Ben Wizner, un abogado de la ONG ACLU (American Civil Liberties Union, por Unión Estadounidense para las Libertades Civiles ), se alarmó. «En toda la historia del país, solo ha habido una docena de enjuiciamientos por filtraciones», dijo el letrado, que también representa a Snowden. «Si el número 27 es real, es asombroso».
«El hecho de que (las investigaciones) se mantuvieron en secreto durante la administración de Obama es motivo de gran preocupación. Ahora, el presidente Trump ha expresado repetidamente su odio por los medios y su fiscal general Jeff Sessions ya ha triplicado la cantidad de investigaciones sobre fugas desde la era de Obama (cuando ya estaban en su punto más alto). ¿Ha utilizado la administración Trump órdenes judiciales de FISA para apuntar a periodistas con vigilancia? ¿Si es así cuando?» reclama Timm, de la Freedom Press Foundation.
