No es casual que a poco de dejar su gobierno, y en la semana posterior a la primera vuelta electoral, el presidente Lenín Moreno pretenda privatizar el Banco Central de Ecuador. Tampoco que cuando el Supremo Tribunal Federal de Brasil comienza a develar la trama para enviar a prisión a Lula da Silva y el exjefe de las Fuerzas Armadas reconoce la operación para no liberar al exmandatario antes de los comicios de 2018, Jair Bolsonaro logre aprobar la autonomía del Banco Central brasileño.
El 14 de febrero de 1977 –y esto sí es casual– la dictadura impuso la Ley de Entidades Financieras. Con escasas modificaciones, es la que rige en la actualidad, a pesar de estos 37 años de democracia. El caballito de batalla de los beneficiados de este sistema potenciado en la convertibilidad es la independencia del Banco Central como eje para el desarrollo.
Un estudio que publicó el Banco Mundial el 21 de enero pasado y que firman los investigadores Michael Aklin, de la Universidad de Pittsburgh; Andreas Kern, de la Universidad de Georgetown; y Mario Negre, del Instituto Alemán de Desarrollo (DIE), desmiente ese catecismo. El informe destaca que “desde la década de 1980, la desigualdad de ingresos ha aumentado sustancialmente en varios países”. Y señala los tres mecanismos que vinculan la desigualdad con la independencia de un BC.
“Primero, restringe indirectamente la política fiscal y debilita la capacidad de un gobierno para participar en la redistribución. En segundo lugar, incentiva a los gobiernos a desregular los mercados financieros, lo que genera un auge en el valor de los activos, que están predominantemente en manos de los segmentos más ricos de la población. En tercer lugar, para contener las presiones inflacionarias, los gobiernos promueven activamente políticas que debilitan el poder de negociación de los trabajadores. Juntas, estas políticas fortalecen las tendencias seculares hacia una mayor desigualdad”.
Unos días más tarde, en el Foro de Davos, paralelo al mensaje altruista de resetear el mundo para construir un “futuro más sano, más equitativo y más próspero” tras la pandemia, en una encuesta entre los empresarios participantes –los top del mundo– surgió el temor a lo que pueda ocurrir con los bancos centrales, cuando los gobiernos necesitan políticas expansivas para levantar las economías.
Ecuador perdió su moneda el 9 de enero de 2000, a instancias del consejero del presidente Jamil Mahuad, el mismo que había creado el plan de convertibilidad en Argentina, adoptó el dólar como moneda nacional.
La ley que promueve Moreno se llama de Defensa de la Dolarización. Rafael Correa siempre lamentó las dificultades que implican volver a una moneda propia. Andrés Aráuz, el más votado la semana pasada, es también economista y quizás choque con los mismos problemas. El banquero Guillermo Lasso es el único garante del statu quo, pero ni siquiera es seguro que pase a segunda vuelta. Para mayor seguridad, un Banco Central independiente de cualquiera que gane. Lo mismo piensan en Brasil.