Todos lo conocen como el «senador Coca Cola». Y eso no porque es el único accionista de Solar, una de las 20 mayores fábricas de ese supergigante de las gaseosas del mundo –con 12 mil trabajadores, 13 fábricas y 36 centros de distribución–, sino porque se sabe que «militó» esos cinco meses con el único objetivo de quedarse con el agua. Ascensoristas, ujieres, jardineros, taquígrafos y hasta sus pares non sanctos lo llaman así, y aunque en la versión textual de una de las sesiones se escapó un «senador Coca Cola» en lugar de su nombre real, Tasso no se ofendió, no se le ocurrió plantear una cuestión de privilegio. Qué le importan las chanzas si está a las puertas de multiplicar su capital quién sabe por cuánto. Y de la mano de la Coca, que le da el prestigio de ser la única que sobrevive desde su nacimiento, en los campanarios y en el cáliz del viejo cura que dice la misa de 7, en el patio de las escuelas como en los prostíbulos de los puertos.
El minidebate –cinco días en el Senado y 80 en Diputados– escribió un nuevo capítulo que se cerró con la sanción del proyecto impulsado por la sociedad Bolsonaro-Jereisatti. Entre otras cosas, la norma prevé la apertura de la concesión del servicio de agua y saneamiento a las empresas privadas. Es lo que engañosamente se llamó «marco legal de saneamiento». El texto establece un plazo de un año para que las empresas estatales de agua y saneamiento adelanten la renovación de los contratos firmados con los municipios. En ese lapso, las estatales podrán renovar en forma directa los llamados «contratos de programa». La conclusión de esos contratos es el ítem más polémico, porque no exigen licitación, ya que el contratado no es una empresa privada.
Es evidente que al no haber contratos de programa, los municipios tendrán que arreglar con los privados, simplemente porque no disponen de estructura para esas actividades. La ley podría llevar a la quiebra de las empresas estatales de saneamiento, lo que abrirá las puertas para la privatización del agua, el insumo más caro para la producción de bebidas. La cervecera AmBev es la que hace la estimación más baja, y dice que por cada litro de cerveza o refresco producido se deben usar 2,94 litros de agua (ver aparte). «Las informaciones divulgadas son difusas –escribió Miguel Pickard en la revista Dialogo do Sul–, aunque se sabe que las empresas de alimentos y bebidas cuentan con una condición privilegiada en el abastecimiento y las tarifas de agua y servicio de saneamiento».
Un terrible antecedente
México es un ejemplo aterrador para imaginar lo que puede pasar en Brasil, más allá de la realidad vivida en territorio propio, en Belo Horizonte (ver aparte). En todo el mundo, diversos casos relacionan a Coca Cola con la privatización y control del agua. Un informe del Comité Noruego de Solidaridad con América Latina, señaló, ya en 2008, que en zonas de México en las que la multinacional de Atlanta se había beneficiado con la privatización, hay regiones enteras que están en emergencia. «Existen ciudades –dice el estudio– en las que los barrios más pobres sólo disponen de agua corriente en algunos momentos y en determinados días, obligando a la población a comprar agua envasada, pero al final resulta que por una cuestión de precio y comodidad la gente termina tomando Coca Cola en lugar de agua, llevando el consumo a dos litros diarios del refresco per cápita, con consecuencias nefastas para la salud pública».
Coca Cola está presente en 186 de los 194 países del mundo, lo que muestra la formidable capacidad de penetración que tiene en todas las sociedades y en todas las culturas. Sólo en México se consume más que en cualquier otro país. Una única corporación –Fomento Económico Mexicano Sociedad Anónima (FEMSA)– es la segunda embotelladora de la bebida en el mundo. Por su capacidad de burlar toda práctica de responsabilidad social, ya en 1933 fue calificada por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos como «un monstruo Frankenstein capaz de cometer las peores maldades».
México fue el primer país en ser conquistado por la corporación. A los 187 millones de clientes que tiene en América Latina les vende cada año 1800 millones de «cajas unidad» (24 botellas de ocho onzas), pero México, con 487 botellitas por persona al año, es el mayor consumidor mundial y se lleva el 46% de todo lo consumido en la región, con consecuencias criminales, especialmente en el paupérrimo estado sudoriental de Chiapas, donde el 1 de enero de 1994 nació, con bombos y platillos, el nunca activo Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
La Asociación Mexicana de Defensa del Consumidor señaló que más de la mitad de los 5,5 millones de habitantes de Chiapas no tiene agua, que una tercera parte padece de tracoma –enfermedad que produce ceguera e insuficiencia visual– y que entre 2000 y 2006, el sexenio en el que el presidente de FEMSA-Coca Cola, Vicente Fox, fue presidente del país, la diabetes y la obesidad se multiplicaron por dos. En Chiapas, Coca Cola arrasó también con la cultura ancestral. A la Parroquia de San Juan, los chiapanecos la llaman ahora la «Iglesia Coca Cola», porque alguna vez la multinacional hizo una donación de Navidad. Poco antes de morir, en 2011, el obispo católico Samuel Ruiz denunció que «el refresco ya es parte esencial de ceremonias o rituales indígenas, en los que ha reemplazado al posh», un licor que los indígenas obtienen de la fermentación del maíz desde miles de años antes de aquel humillante 8 de noviembre de 1519, día de la sumisión de Moctezuma al invasor español. «
Los obreros no son burbujas
En Colombia, hasta el año 2018, eran 29 los obreros sindicalizados de la empresa Coca Cola que habían sido asesinados por comandos paramilitares de la empresa. De los 230 dirigentes obreros y humanitarios acribillados el año pasado no se desglosó aún cuántos integraban la plantilla de la multinacional.
«Viví con la sensación de vivir que sólo te da tu Coca Cola», decía el slogan publicitario de aquel fin de año de 1996, cuando dos sicarios ejecutaron a Isidro Segundo Gil, la primera víctima sindical de Coca Cola. El crimen fue en Carepa, Antioquia, el departamento noroccidental en el que desde seis meses antes gobernaba Álvaro Uribe, creador junto con su padre de Los Urabeños –el primer grupo paramilitar colombiano– y luego dos veces presidente constitucional (2002-2010).
Los Derechos Humanos no son una prioridad para la enorme multinacional nacida en 1886 en una farmacia de la ciudad de Atlanta, en el estado norteamericano de Georgia. La lista de violaciones laborales no se limita a Colombia. Incluye la tolerancia a la contratación de niños para la peligrosa zafra de la caña en El Salvador, su principal proveedor americano de azúcar. O el recurso de las listas negras en Argentina. O los despidos masivos en Argentina (50% de la plantilla de Coca Cola FEMSA en febrero pasado) y sus plantas de Nicaragua, Estados Unidos, Guatemala y Rusia, por citar sólo algunos de los países donde los atropellos son más escandalosos.
