La presidenta de Perú, Dina Boluarte, destituyó a 312 subprefectos distritales en 23 regiones del país que habían sido designados por su antecesor, Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado hace dos semanas, después de intentar disolver el Congreso unicameral.

La mayoría de los subprefectos cesanteados corresponden a las regiones de Ayacucho (46) -escenario de las más fuertes protestas contra Boluarte, San Martín (34), Junín (33), Puno (31) y Cajamarca (19), territorios en los que Castillo obtuvo masiva votación en los comicios que ganó en 2021.

La resolución dispuso, además, que las autoridades cesadas «deberán formular y presentar las declaraciones juradas de bienes y rentas», así como de intereses, informó el periódico peruano El Comercio.

Los prefectos y subprefectos distritales tienen por función supervisar la gestión de los gobernadores y coordinar el diálogo con organizaciones sociales. Son los representantes del Ejecutivo en las regiones.

Durante su Gobierno, Castillo nombró en estos cargos a docentes relacionados al Fenatep, el sindicato que fundó el exmandatario y derivó del Conare-Sutep, la facción más radical del magisterio.

La oposición a Castillo, mayoritaria en el Congreso, impugnaba la afinidad política que los nombrados prefectos y subprefectos tenían con el Gobierno de Castillo, aunque esto es usual en todos los Gobiernos.

Una feroz campaña política y mediática contra esas autoridades incluyó la acusación de que entre ellos había presuntos integrantes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), integrado por exintegrantes del grupo armado Sendero Luminoso.

Semanas antes de la caída del hoy exgobernante preso, entre los legisladores opositores circuló la idea de eliminar los cargos de prefecto y subprefecto bajo el supuesto que duplicaban funciones con otras instancias estatales.

Según el exministro del Interior Rubén Vargas, que estuvo a cargo de esta cartera durante el Gobierno de Francisco Sagasti (2020-2021) Castillo buscaba construir un partido político que tenga como base social a los sectores vinculados a la minería y coca ilegal.

«Ha quedado claro cuál es el papel que han jugado, ellos han atizado los actos de violencia junto con infiltrados del Movadef. Otro acto que debe realizar esta administración es revisar la legalidad del reconocimiento como sindicato al Fenatep. Se tiene que evaluar si cumple con los objetivos de un sindicato», manifestó.

Según Vargas, los fondos públicos no pueden servir para financiar a «radicales» que azuzan la violencia en contra de la democracia y el Estado de derecho.

El exviceministro de Seguridad Pública Ricardo Valdés, por su parte, dijo que la destitución de los subprefectos distritales «definitivamente» significa que el Gobierno de Boluarte está desmantelando la red de operadores políticos de Castillo.

Mientras tanto, las protestas contra el Gobierno continuaron en muchas localidades peruanas, donde las multitudes se enfrentaron con la policía llamando a un paro nacional y exigiendo que se convoque al Consejo Constitucional, se clausure la Asamblea Nacional y la presidenta Boluarte renuncie, la liberación del expresidente Castillo, la celebración de elecciones anticipadas y la promulgación de una nueva Constitución.

Por otra parte, el Poder Judicial aceptó analizar una apelación presentada por la defensa de Castillo contra la decisión de imponerle una prisión preventiva por 18 meses, mientras es investigado por rebelión y conspiración, entre otros cargos.

La apelación plantea que la prisión preventiva sea reemplazada por la libertad con comparecencia, una especie de libertad condicional, mientras se desarrollan las investigaciones.

La defensa de Castillo cuestiona el cargo de rebelión y conspiración para la rebelión, por cuanto el exmandatario no se alzó en armas y alega también que Castillo fue detenido y destituido ilegalmente.

Ese alegato señala que no se cumplió el procedimiento de despojo de la inmunidad presidencial requerido para destituir y apresar a Castillo, aunque la Fiscalía sostiene que, al intentar un golpe de Estado, incurrió en delito flagrante contra la Constitución, criterio que ponen en duda también juristas independientes.