La policía regional de Cataluña se mostró reticente a la orden de precintar los centros de votación para impedir el referendo de independencia prohibido por la justicia española del domingo y alertó del «riesgo» de disturbios.

El martes, la fiscalía superior de Cataluña había ordenado a este cuerpo precintar los espacios electorales a más tardar el viernes por la noche, y vigilar cada uno de ellos hasta la noche del domingo. El objetivo es impedir la celebración física de la consulta, convocada por las autoridades independentistas de la región.

Sin embargo, en una reunión con la fiscalía este miércoles, los Mossos formularon varias objeciones, cuando los secesionistas están decididos a celebrar la consulta cueste lo que cueste y los sindicatos de estudiantes han lanzado movilizaciones que podrían podrían traducirse en la ocupación de colegios.

Según señaló la policía regional en una serie de mensajes en Twitter, el cumplimiento de esas órdenes «puede comportar consecuencias no deseadas». «Estas consecuencias hacen referencia a la seguridad ciudadana y al más que previsible riesgo de alteraciones del orden público que se pueda derivar», añade la policía catalana.

«Ayer decían que esta medida podía comportar alborotos, podía comportar tensión, y era la preocupación que tenían los Mossos d’Esquadra», abundó el consejero regional de Interior, Joaquim Forn, en declaraciones a la radio catalana RAC1. «Factible puede ser (el precintado de los colegios), el problema está en los disturbios que pueda generar», concidía el portavoz de la asociación Jueces por la Democracia, Ignacio González Vega.

La idea del gobierno catalán es habilitar los mismos colegios que en las últimas elecciones regionales, es decir, unos 2.700. Un número muy elevado de centros, al que se añade otra dificultad: la posible ocupación de colegios.

Los sindicatos de estudiantes se han movilizado para defender la consulta, y lanzaron una huelga en la secundaria antes de una universitaria el jueves y viernes.

Mientras tanto, la Justicia española admitió la querella por sedición presentada por la Fiscalía contra los responsables de las protestas que tuvieron lugar en Barcelona la semana pasado en las que fueron arrestados 14 funcionarios del gobierno catalán.

La decisión fue adoptada por la titular del Juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamena, quien como única medida ordenó a la Guardia Civil que elabore un informe sobre todas las actuaciones llevadas a cabo para «impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» en el ejercicio de sus funciones y en «defensa del ordenamiento constitucional».

En el escrito, al que tuvo acceso Télam, la magistrada afirmó que existen indicios de sedición, tal como describe la Fiscalía en su querella, ya que «una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales».

El delito de sedición, previsto y penado en el artículo 544 del Código Penal establece penas de entre 8 y 15 años de cárcel, aunque las penas más altas se aplican cuando quien comete el delito es una autoridad pública.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, «algunos de los congregados pincharon ruedas y destrozaron diversos coches patrulla de la Guardia Civil, e impidieron a los agentes de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y a los integrantes de la comisión judicial abandonar los edificios tras los registros practicados», dice la jueza.

«Otros manifestantes se sentaron sobre el asfalto delante de los coches y furgonetas de la Guardia Civil para impedir su movilidad. Otros procedieron a empujar a los agentes y a bloquear la salida de un vehículo de la Guardia Civil», prosigue la resolución.

Si bien no atribuyen los delitos a personas concretas, la jueza destaca «la acción de Jordi Sánchez», presidente de la ANC (Asamblea Nacional Catalana), quien «frente a los congregados ante la sede del departamento de Economía manifestó: ‘El 1 de Octubre votaremos, si nos quitan la urnas, las construiremos. Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa'».

Y también apunta las acciones del presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, quien pidió que la movilización no se detuviera.

Según la jueza, «la finalidad última de estas movilizaciones era conseguir la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto y, en particular de la norma fundamental de todos los españoles, la Constitución».

La magistrada concluye que del relato del Ministerio Fiscal se infiere que la multitud, «golpeando y causando daños considerables en coches oficiales, pinchando sus ruedas, atacando la sede del PSC, donde agredieron a militantes socialistas» e «impidiendo a agentes de la autoridad y funcionarios públicos abandonar los locales registrados», trataban de impedir «de forma desordenada y violenta» el accionar de los funcionarios de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

ETA se mete en el debate

La crisis catalana seguía cobrando vuelos a nivel político, y este miércoles fue la organización independentista vasca ETA la que se pronunció.

«El Estado español es una cárcel para los pueblos, y así se muestra al negar la identidad nacional de los Países Catalanes», escribe ETA en un comunicado publicado por el diario vasco Gara.

En el Parlamento, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que el país vive «un momento histórico sin precedentes», por el empeño de los independentistas de «negar siglos de historia compartida entre españoles y de acabar con años de estabilidad democrática».

El gobierno conservador de Mariano Rajoy se ha mostrado inflexible con el afán de los independentistas catalanes de celebrar el referéndum y ha desplegado par impedirlo todo un arsenal de medidas jurídicas.

Críticas al gobierno

La oposición de izquierdas ha criticado duramente la estrategia del ejecutivo de ampararse tanto en el aparato judicial, reiterando que no puede «esconderse detrás de los jueces».

«El principal problema es que ustedes no tienen ninguna propuesta ni para Cataluña ni para Espana», le espetó este miércoles al gobierno la portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero.

No obstante, el ejecutivo conservador recabó el martes el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, quien en una comparecencia en Washington junto a Rajoy afirmó que «España es un gran país, y debe permanecer unido».