Hace un cuarto de siglo, el 29 de diciembre de 1996, en un clima de celebración entre las navidades y el año nuevo, los grupos guerrilleros nucleados en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron con el gobierno de Guatemala los Acuerdos de Paz firme y duradera que tenían como objetivo poner fin a 36 años de una guerra civil que en la práctica fue un genocidio perpetrado por el Ejército estatal que dejó un saldo de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de 100.000 desplazados.
A 25 años de aquel acontecimiento esperanzador para esa nación centroamericana, no son muchos los logros que puede mostrar la dirigencia de esa nación. La pobreza, según datos del ministerio de Desarrollo Social, supera el 60% de la población, las tierras cultivables siguen siendo territorio en disputa y en posesión de la oligarquía y la violencia de la que son víctimas las clases bajas y las comunidades originarias no dejan de perpetuarse.
Entrevistado por la agencia AFP, Miguel Itzeop, de la etnia maya-k’iche’, asegura que “la paz para nosotros es posible si se combaten las causas que originaron el conflicto armado interno que son la pobreza, la exclusión social, el racismo y discriminación a los pueblos indígenas».
La persecución y el silenciamiento de los pueblos originarios es de tal magnitud que hace unos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que el estado guatemalteco violó la libertad de expresión de tres pueblos indígenas al perseguir, allanar y clausurar radios comunitarias de los pueblos indígenas maya kaqchikel, achí y mam.
Según el organismo de justicia regional, el marco regulatorio establecido por el gobierno “impidió, en la práctica, que estas comunidades indígenas pudieran operar legalmente sus radios comunitarias”. La CIDH consideró, además, que “la forma por la cual se encuentra regulada la radiodifusión en Guatemala consiste en una prohibición de facto, casi absoluta, al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas”.
Los datos son relevantes: hay 424 radios autorizadas en FM y 90 en AM, de las cuales solo una es comunitaria. Las radios que las comunidades manejan, no tienen autorización y son frecuentemente allanados y sus equipos confiscados.
Actualmente Guatemala tiene unos 17 millones de habitantes y según las cifras estatales el 40% son indígenas, aunque los pueblos originarios elevan ese guarismo al 60%. Los pueblos originarios también han sido y siguen siendo las principales víctimas de la violencia y la explotación.
También estos días, la CIDH condenó a Guatemala por delitos de lesa humanidad durante la masacre de la aldea Los Josefinos, cometida por el Ejército en 1982 y que provocó la muerte de 38 personas, 14 desaparecidos t siete familias desplazadas. La Corte también ordenó «remover todos los obstáculos que mantienen la impunidad en este caso» en el que no hay imputados mientras familiares de las víctimas reclaman justicia al cabo de 59 años.
Una comisión de Naciones Unidas documentó 669 masacres durante el conflicto armado. El 93 % de los hechos atroces registrados en los 36 años de guerra civil fueron obra de miembros del Ejército, entrenados mayoritariamente en la Escuela de la Américas que EEUU tenía en Panamá. Los grupos guerrilleros fueron causantes de 3 % de las matanzas, según ese informe, y el 4 % restante fueron fuerzas no identificadas. Pero como los sucesivos gobiernos de ese período crearon a su turno grupos de exterminio, no sería difícil encontrar a los responsables.
En 1994 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) convocado por familiares de víctimas del los regímenes militares localizaron los primeros cadáveres de la masacre del poso de Dos Erres, la más brutal de las matanzas de que se tenga registro, con 200 muertos.
Por ese caso llegó a ser juzgado el que fuera presidente del país, Efraín Ríos Montt, responsable de unas 1700 muertes durante sus escasos 16 meses en el poder. Pero el genocida murió en su su casa a los 91 años, en abril de 2018. La CIDH ya había condenado a Guatemala en 2009 por este hecho, que las autoridades se negaban a investigar. Poco a poco fueron juzgados los cuadros medios. Pero cancelaron la orden de arresto contra integrantes de las fuerzas conocidas como kaibiles, psicópatas especialmente entrenados para llevar a cabo las operaciones más brutales sin el menor miramiento.
Los únicos juzgados y condenados fueron seis ex kaibiles que, no por casualidad, se habían refugiado en EEUU. Las sentencias van de los 5000 a los 6000 años de prisión. El año pasado fue deportado Gilberto Jordán, de 64 años. Había sido condenado en EEUU porque mintió en su solicitud de ciudadanía y tras cumplir la sentencia fue expulsado. En mayo pasado recién fue deportado José Mardoqueo Ortiz Morales.
