Desde La Paz

Al quinto día del golpe de Estado, empezó a faltar el pan en La Paz. También la carne, el pollo, la verdura y hasta los huevos, que han subido casi un 30% desde que la senadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta, luego de la renuncia forzada de Evo Morales del domingo.

El cerco que realizan miles de pobladores de El Alto sobre los accesos a la hoyada paceña comenzó a afectar, también, la provisión de otro insumo fundamental: el combustible. En los surtidores de todos los barrios se ven largas filas de autos y buses. Los bloqueos no dejan pasar a los camiones cisterna que salen de la planta de Senkata. 

Los convoy de transporte de nafta deben atravesar la urbe que se convirtió, desde el inicio del golpe, en la Meca de la resistencia. El Alto, la ciudad combativa que custodia desde las alturas la capital política del país.

En 2003, el agringado presidente Gonzalo Sánchez de Lozada emitió la orden de desbloquear los accesos. Aquello terminó en la tragedia del Octubre Negro y la Guerra del Gas. Esa imagen amenaza con repetirse en este 2019. La nueva camada de jóvenes manifestantes siente que regresa el fantasma de épocas oscuras de la historia boliviana.  

Los costos del Golpe

La garrafa de gas licuado es otro de los insumos vitales que comienzan a escasear en la ciudad de La Paz. El 50% de los paceños nutre sus cocinas con gas envasado. Eso explica también que falte el pan en los mercados.

En los comercios y puestos del barrio de Villa Fátima los precios suben de un día para el otro. El pollo que costaba 16 bolivianos (unos 140 pesos) voló este viernes hasta los 20. Casi no se consigue carne de res y en los comercios faltan las verduras y las frutas que vienen de Las Yungas. La fuerza del cerco a La Paz promete engordar las ganancias de los especuladores. El gobierno de facto de Áñez no sólo reprime. También se desentiende del combate a la especulación. Desde que un militar le puso la banda presidencial, su gestión no hizo nada para prevenir el desabastecimiento.

Silencio de prensa 

Otro cerco que creció en estos días fue el informativo. Los principales medios nacionales no informan sobre los muertos que la represión va dejando como un tendal en todo el país: 12 hasta la tarde del viernes (aunque llegan datos de varios más por la cacería contra cocaleros llevada adelante por militares y policías en las inmediaciones del puente Huayllani, en Sacaba, departamento de Cochabamba).

Los heridos ya pasan los 500. Los detenidos rozan también esa cifra. El viernes por la mañana, en La Paz, en una represión contra una pacífica marcha de alteños, mineros y campesinos, fue arrestado el escritor Rodrigo Urquiola, ganador del premio nacional de cuento Franz Tamayo. Urquiola apenas portaba una wiphala.

Los periodistas vivimos una auténtica caza de brujas. Teléfonos pinchados, casi dejamos de usar WhatsApp y nos refugiamos en la aplicación Signal para no ser espiados.

La amenaza de la nueva ministra de Comunicación, Rozana Lizárraga, de que el gobierno de facto va a encarcelar a los periodistas nacionales e internacionales que “estén cometiendo sedición” recuerda a épocas dictatoriales. En la llamada “narcodictadura” que comandó el general Luis García Meza a principios de los años ‘80, el ministro de gobierno de entonces, Luis Arce Gómez, advirtió que los opositores al gobierno y los comunistas debían andar con el testamento bajo el brazo.

La historia se repite, la represión también.