La oposición en Venezuela prepara una nueva avanzada en su objetivo de destituir al presidente Nicolás Maduro mediante un referéndum revocatorio, para el cual afirmó haber reunido más de un millón ochocientas mil firmas, una cifra casi diez veces superior a la requerida para iniciar el proceso. El gobierno es el que tiene ahora la llave para habilitarlo, ya que le corresponde avalar las firmas presentadas, pero primero deben ser contabilizadas por el Consejo Nacional Electoral, algo que la oposición esperaba para este domingo. Uno de los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Henrique Capriles, amenazó con movilizaciones masivas en las ciudades si no hay una respuesta. «Si el día lunes no tenemos respuesta, y no lo decimos en tono de amenazas sino con mucha firmeza, aquí está la Constitución, iremos a buscar la respuesta ante el respectivo poder, en este caso, el Poder Electoral, en Caracas y en toda Venezuela», dijo. Entre las firmas está la del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, preso por «instigación pública» por los hechos violentos de 2014 en los que murieron 43 personas.

La advertencia se produjo al día siguiente de la declaración de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, quien el jueves denunció en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) un «bullying» de parte del gobierno de los Estados Unidos y las corporaciones mediáticas contra su país, pero también acusó al propio Luis Almagro, secretario general del organismo multilateral, de alimentar a los «sectores extremistas interesados en desestabilizar» a la administración de Maduro. A través de la lectura de la carta orgánica de la OEA, la canciller tachó de «injerencista» e «intervencionista» a su titular, quien días atrás había enviado una misiva muy crítica a Maduro y luego deslizó la posibilidad de aplicar la Carta Democrática contra el país bolivariano, algo agitado por la oposición venezolana.

La declaración de Venezuela en la OEA no cayó nada bien al uruguayo Almagro, y fue cuestionada por la oposición, pero le sirvió al gobierno de Maduro para fortalecer el espíritu filas adentro, de cara al escenario adverso que se avecina. Según la Constitución, el presidente puede ser revocado por un referéndum cuando cumpla la mitad de su mandato. El primer paso consiste en reunir las firmas del 1% del padrón electoral, algo menos de 200 mil personas. Luego, quien las presente debe recoger casi 4 millones de firmas (20% del registro electoral) para ser evaluadas por el CNE. En ese caso se convoca al referéndum, pero para que el presidente sea destituido, el «sí» debe superar los votos por los que fue elegido. En el caso de Maduro se trata de algo más de 7,5 millones.

Aunque el proceso impulsado por el entonces presidente Hugo Chávez e incluido en la Carta Magna en 2009 podría llevar largos meses, los líderes de la oposición vienen alardeando con la posibilidad de superar el número.

Lo cierto es que el voto chavista puro se redujo considerablemente en los últimos tiempos, en que se perdió también masa crítica dentro de la militancia. Según fuentes reservadas que analizan estos guarismos, el chavismo hoy estaría en condiciones de lograr apenas entre cuatro y cinco millones de votos, por lo que debería sumar dos millones entre los independientes y los llamados «ni ni», donde fueron a recalar tanto decepcionados con el movimiento bolivariano como aquellos desencantados con las propuestas de la oposición. Los más optimistas confían en el voto aluvional de los movimientos populares, esos que han defendido varias veces y con su cuerpo a la revolución bolivariana y cuya opinión no suele aparecer en las encuestas.

A eso se suman las corrientes moderadas dentro del propio chavismo, o «acuerdistas», como califica el periodista venezolano radicado en la Argentina, Modesto Guerrero, coautor del reciente libro Derrotas. Por qué retroceden los gobiernos progresistas. En este sector se encuadraría el actual vicepresidente Aristóbulo Istúriz, quien podría quedar a cargo de la presidencia si el referéndum avanzara, y ser parte de una salida ordenada y sin violencia, en un país donde abundan los crímenes políticos, en muchos casos atribuidos a hechos de delincuencia.