La Asamblea General de la ONU volverá a votar este jueves una resolución presentada por Cuba que exige «poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero» impuesto por Estados Unidos hace ya 60 años, iniciativa que empezó a ser analizada este miércoles y sobre la que el titular de la organización, António Guterres, afirmó que es “incompatible con un sistema internacional basado en el Estado de Derecho».

El proyecto de resolución, denominado «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba», manifiesta su «preocupación» por el mantenimiento del embargo económico y sus «efectos negativos sobre la población cubana».

La isla defiende la «igualdad soberana» de los Estados, la «no injerencia en sus asuntos internos» y la «libertad de comercio y navegación internacionales» para exigir que se derogue este embargo impuesto en febrero de 1962, en plena Guerra Fría, por el entonces presidente John F. Kennedy.

Un documento preparado por Guterres, a pedido de la Asamblea General como exige Cuba en cada resolución, concluye que «la continuación del bloqueo financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba es incompatible con un sistema internacional basado en el Estado de Derecho».

«Se basa más bien en el ejercicio del poder político y económico», asegura.

Este jueves, antes de la votación, hablará en el recinto el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien hace semanas, cuando presentó en la isla el proyecto, cifró el total de daños acumulados en las seis décadas de bloque en 154.217 millones de dólares.

Una cifra «exorbitante para una economía pequeña, sin grandes recursos naturales, insular, subdesarrollada, como la cubana”, afirmó Rodríguez.

Algunos de los adjetivos que abundaron este miércoles en la tribuna de la ONU para calificar el bloqueo fueron «Ilegal», «inaceptable», «criminal», «inhumano», «agresión económica», en particular en boca de los países latinoamericanos.

«Estados Unidos debe cesar estas medidas y reparar los daños» infligidos al pueblo cubano», dijo el embajador de México, Juan Ramón de la Fuente.

La embajadora argentina, María del Carmen Squeff, por su parte, que habló en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), indicó que el bloqueo «es contrario a la letra, el espíritu, los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional».

Primera resolución de 1992

Se trata de la 30ª resolución que presenta el Gobierno cubano desde 1992 contra el embargo estadounidense. Solo en 2020 no hubo resolución debido a la pandemia de coronavirus.

En la primera resolución de 1992 solo 59 países votaron a favor, pero ahora casi todos miembros de la ONU la respaldan, con excepción de Estados Unidos, Israel y eventualmente algún otro país.

Mandatos de Obama y Trump

En 2016, Washington se abstuvo, como consecuencia de la política de acercamiento del Gobierno del entonces presidente demócrata Barak Obama, que restableció relaciones con el Gobierno cubano en 2015.

Luego, el exmandatario Donald Trump (2017-2021) dio marcha atrás a ese histórico acercamiento: volvió a declarar al país como «estado patrocinador del terrorismo» e impuso cerca de 250 nuevas sanciones contra Cuba.

Las medidas provocaron una crisis de energía y combustible, restringieron los viajes de turistas estadounidenses a la isla y el envío de remesas de cubano-estadounidenses a sus familiares en Cuba.

Situación actual con Joe Biden

El actual presidente estadounidense, Joe Biden, que como vice de Obama participó en la política de acercamiento con Cuba, no revirtió ninguna de las sanciones impuestas por Trump desde su llegada a la Casa Blanca en enero.

No obstante, en su campaña había prometido hacerlo y había señalado que la línea dura de Trump contra Cuba «no ha hecho nada para avanzar en la democracia y los derechos humanos» en la isla.

El bloqueo a Cuba fue aprobado por ley, por lo que solo el Congreso estadounidense puede ponerle fin.

Pero Washington advierte que la falta de cambios políticos en la isla y la represión de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 no contribuyen a un giro en las relaciones, mucho menos en plena campaña hacia las elecciones de medio término del martes próximo, en las que el oficialismo demócrata se juega el control del Congreso.