El creciente rechazo en la opinión pública internacional al golpe de Estado llevado adelante en Bolivia, más las dificultades para estabilizar el país sumergido en protestas encabezadas por los partidarios del presidente depuesto Evo Morales, empujaron a la presidenta de facto Jeanine Áñez a presentar este miércoles una iniciativa de ley para convocar a nuevas elecciones y anular los comicios del pasado 20 de octubre. Ese día Morales se impuso con el 47 por ciento de los votos, sacándole 10,6 a su principal rival, Carlos Mesa, y ganando en primera vuelta por pocas milésimas, según las exigencias de ley boliviana.

El Proyecto de Ley de Régimen Electoral Transitorio será entregado a la Asamblea Plurinacional de Bolivia, en la que el (Movimiento al Socialismo) MAS, partido de Morales, tiene mayoría. Allí debería ser aprobado. La iniciativa contempla la anulación de la última contienda electoral y la conformación de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

«Este es un Gobierno de transición que primeramente va a convocar a elecciones generales y será la Asamblea Legislativa la que tenga el trabajo de llevar adelante la elección de los vocales del Tribunal Electoral», dijo Áñez desde el Palacio de Gobierno.

Según informó el ministro de facto de Justicia, Álvaro Coimbra, una vez que esté conformado el Tribunal Electoral será este organismo quien presente un «calendario electoral».

La convocatoria se hizo mediante decreto supremo, pese a que el Congreso boliviano se encuentra en funciones y este mismo miércoles tiene previsto debatir la renuncia de Evo Morales y la posible convocatoria a elecciones.

Otro elemento que precipitó la decisión Añez fue que también este miércoles la OEA, que respaldó el golpe de estado y desde entonces intenta darle alguna patina de legalidad y legitimidad, aprobó una resolución para pedir al gobierno de facto convocar «urgentemente» elecciones.

La convocatoria se hace en medio de la represión policial y militar contra los ciudadanos que han salido a las calles a protestar contra las autoridades golpistas. Desde el quiebre institucional del pasado 10 de noviembre han fallecido unas 27 personas, según datos de la Defensoría del Pueblo boliviana.
 

La convocatoria a elecciones requiere que la Asamblea Legislativa, con los dos tercios del MAS (88 de los 130 diputados y 25 de los 36 senadores), nombre un nuevo Tribunal Electoral, dado que los miembros del anterior, además de ser cuestionados por los opositores, están encarcelados.

Si el primer camino, por la Asamblea Legislativa, diese frutos, se estaría en el escenario que había propuesto Evo Morales antes de ser obligado a renunciar por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, consumando el quiebre del orden institucional.