Con la decisión judicial de llevar al expresidente de Ecuador Rafael Correa a juicio por su supuesta autoría en el secuestro de un diputado opositor, el frente anticorreísta acaba de lograr la proscripción total del economista fundador de la «Revolución Ciudadana» en toda participación pública en su país hasta al menos el año 2025.
La jueza Daniella Camacho resolvió el pasado miércoles llamarlo a juicio en Quito por estar supuestamente implicado en el secuestro del dirigente del derechista partido Sociedad Patriótica, Fernando Balda, quien durante el gobierno de Correa fue condenado por injurias en un proceso iniciado por el presidente y se profugó a Colombia. Allí ocurrió el confuso secuestro, de cuya responsabilidad el propio Correa viene encargándose de desmentir con variada documentación. Según la ley ecuatoriana, el exmandatario sólo podrá ser sometido a juicio si es capturado o si se presenta ante el tribunal, ya que no puede ser juzgado en ausencia por un delito que prevé hasta siete años de cárcel. Correa sigue en libertad a pesar de que afronta desde julio una orden de prisión preventiva, y un pedido a Interpol para su captura, aunque según información de su entorno, el organismo tomó la decisión de no proceder a su detención. De todas formas, de regresar a su país sería apresado al instante, por lo tanto sólo le queda mantenerse en el exilio hasta que el delito por el que es acusado proscriba, es decir siete años, durante los cuales no podría tener ninguna participación real en la política ecuatoriana.
«Lo único que han logrado con esta decisión es impedir que Correa pueda regresar y ese es el objetivo que buscaban, tenerlo lejos de la posibilidad de participar de los procesos de 2019 y 2021, y tenerlo alejado por varios años de la vida política nacional», ratifica en diálogo telefónico con Tiempo Virgilio Hernández, estrecho colaborador de Correa y coordinador del equipo jurídico del exmandatario.
«Han buscado desarrollar una política que yo diría de cerco y aniquilamiento a la Revolución Ciudadana. Eso se evidencia muy claramente en una política instaurada de persecución a quienes fueron máximas autoridades del país; se les olvidó el artículo 76 de la Constitución que tiene que ver con el debido proceso, se les cayó de la Constitución ese artículo», se indigna quien fue ministro del presidente Lenín Moreno y renunció cuando se profundizaron las diferencias con el correísmo, como tantos otros.
«Sin necesariamente ser parte de la trama, la jueza ha cedido a las presiones del Poder Ejecutivo, del poder mediático, de los grandes grupos y obviamente también ha cedido a una presión implícita del Consejo Nacional de la Judicatura que ahora está tomado precisamente por las fuerzas del Partido Social Cristiano que históricamente han controlado a la Justicia», señaló Hernández.
El llamado a juicio incluye también a dos exagentes que están detenidos en Ecuador y a Pablo Romero, exjefe de la secretaría de Inteligencia, quien se encuentra en España. Como Correa y Romero están prófugos, la magistrada ordenó la suspensión de la etapa de juicio para ambos hasta que sean capturados o se entreguen.
El expresidente ecuatoriano también calificó la disposición judicial de «persecución política» y dijo no esperar «absolutamente nada de la Justicia ecuatoriana», según declaró en Bruselas, donde se encuentra desde que finalizó su mandato en 2017. En junio pasado presentó una solicitud de asilo en Bélgica, de donde es natural su esposa, pedido que es en estos momentos analizado por la Comisaría General para los Refugiados y Apátridas (CGRA) belga. Además, los consejeros jurídicos, Christophe Marchand y Ludovic Hennebel, denunciaron en septiembre ante el relator especial de la ONU sobre la independencia judicial que el proceso contra su cliente «viola sistemáticamente las reglas de un juicio justo» y busca evitar su participación en «vida política del Ecuador».
Hernández advirtió que «por ahora se analizarán los pocos caminos que quedan en la vía nacional y sobre todo se buscará recurrir al ámbito internacional» y aseguró: «Nosotros tenemos la seguridad de que en muy pocos días se hará pública la decisión de la Interpol de que no va a proceder a la detención del expresidente, con lo cual se evidenciará que las decisiones que tomó la jueza, y que fueron empujadas por la Fiscalía General del Estado, tienen una clara intencionalidad política».
El gobierno del otrora aliado estrecho de Correa ya había avanzado en la proscripción del exmandatario cuando aprobó por medio de un referendo la enmienda constitucional que inhabilita a exfuncionarios del Ejecutivo a volver a presentarse en cargos electivos. «
La situación de Jorge Glas
Después de haber sido hospitalizado por su deterioro físico tras 18 días de huelga de hambre, el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas retornó a la prisión donde cumple una condena de seis años por un supuesto caso de corrupción. El dirigente, leal al expresidente Rafael Correa, quien también enfrenta una causa judicial que puede terminar con su encarcelamiento, había decidido mantener la medida de fuerza para exigir su traslado a la prisión de Quito, donde había sido alojado originalmente. El 21 de octubre pasado, la Justicia tomó la decisión de trasladarlo a la cárcel de la ciudad de Latacunga luego de la fuga de un exministro de Correa, también detenido, acusado de peculado. El entorno de Glas asegura que el traslado pone en riesgo la salud y la integridad del exfuncionarios a quien vincularon con los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, acusación que nunca fue reconocida ni por Glas ni por el correísmo. El caso fue tomado entre otros por el Comité Permanente por los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de Ecuador, que pidieron a las autoridades rever las medidas que afectan la integridad del exvice de Lenín Moreno.
