La justicia chilena aceptó este viernes la apertura de un proceso de investigación penal contra el presidente Sebastián Piñera debido a la publicación de los Pandora Papers sobre negocios en paraísos fiscales. «El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admite a tramitación la querella interpuesta por el abogado Luis Rendón contra Sebastián Piñera», informó a través de un comunicado el Poder Judicial de Chile.

El mandatario está acusado de participar en la venta de la empresa minera Dominga a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas en 2010, mientras ejercía su primer mandato, lo que supondría un conflicto de intereses, que Piñera no obstante descartó. Rendón, un abogado y activista ecológico, interpuso formalmente la querella acusando al presidente del delito de «negociación incompatible» ya que «el imputado tenía interés objetivo en que el negocio se concretase en plenitud, tanto por la parte vendedora como de la compradora».

«Resulta fundamental que los hechos conocidos sean investigados a fondo y es importante que exista un querellante, porque las investigaciones de oficio de Fiscalía han demostrado no dar las garantías necesarias», afirmó Rendón en conferencia de prensa citada por la agencia de noticias Sputnik. En medio del escándalo por los Pandora Papers, el mandatario afirmó el pasado lunes que en la venta de la minera “se cumplió estrictamente con las reglas tributarias de Chile”, que la operación no le fue «consultada” y que en la venta “se pagaron todos y cada uno de los impuestos”.

Sin embargo, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló que una de las condiciones para realizar dicha transacción era que el terreno donde se emplazaba el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que en Chile depende del mismo presidente. Piñera se defendió diciendo además que nunca supo de esta transacción, argumentando que al asumir como presidente entregó todas sus empresas a un fideicomiso ciego para evitar eventuales conflictos de interés.

Además del frente judicial, la bancada de diputados de oposición de Chile anunció que la próxima semana presentará una acusación constitucional (juicio político) contra el mandatario.

Si bien el texto todavía no está redactado, el diputado socialista Jaime Naranjo explicó que “los motivos y fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de probidad y por comprometer gravemente el honor de la patria».

El presidente de la oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, rechazó la iniciativa: «No se trata de mirar para el techo, pero ojalá podamos ser serios cuando uno dice algo de suma gravedad como destituir al presidente de la República”. “Me parece irresponsable que a tres días de haber aparecido nuevamente estos hechos, que fueron ampliamente investigados y que datan de 2009 en una operación donde el presidente ya había definido hacer un fideicomiso porque iba a asumir una candidatura presidencial”, aseveró en declaraciones a CNN Chile. Respecto a la votación de la Cámara baja, Macaya adelantó que “la suerte está un poco echada”.

Los Pandora Papers, publicados el pasado domingo por el ICIJ, son una investigación periodística que involucra a más de 330 políticos y funcionarios de gobierno a nivel mundial. En la publicación se menciona a tres presidentes activos latinoamericanos -Sebastián Piñera, Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Abinader (República Dominicana)-, 11 exmandatarios, ministros y altos funcionarios que se valieron de sociedades offshore en paraísos fiscales para ocultar sus riquezas y evadir impuestos.