La imagen del teólogo de la liberación Leonardo Boff a un costado de la puerta de ingreso a la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde está alojado el expresidente Lula da Silva, es como para un cuadro naturalista. De campera roja y sentado en un asiento de calle, sus brazos apoyados en el bastón y la mirada perdida, ilustran el desasosiego de un hombre que ya había sido condenado al silencio por Joseph Ratzinger, un futuro Benedicto XVI, por su interpretación de la Iglesia católica en favor de los pobres. 

Al igual que el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, debieron quedarse a esperar un permiso que nunca llegó para ver al mandatario brasileño detenido el 7 de abril. Lula no sólo está detenido en el marco de una acusación que considera injusta, sino que el líder político más importante de la historia brasileña está a merced de la voluntad de la jueza federal Carolina Lebbos, que es quien autoriza las visitas.

Había ocurrido ya con nueve gobernadores que intentaron abrazar al exdirigente metalúrgico y debieron esperar el permiso de ingreso.Lo que sirve de demostración para los partidarios del político que encabeza todas las encuestas para las elecciones de octubre de que castigan a Lula, tratan de bloquear su posibilidad de presentarse como candidato, pero sobre todo lo quieren mantener aislado. 

Pérez Esquivel había tratado de ver a Lula el miércoles y el jueves, pero en ambas ocasiones la puerta del penal permaneció cerrada. El Nobel argentino había hecho dos pedidos, una visita como amigo del exmandatario y la otra como presidente del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). 

En este caso, pidió inspeccionar las condiciones de la prisión para que se cumplieran las «Reglas de Mandela», un protocolo de la ONU para el tratamiento de presos que establece principios como el respeto a la dignidad humana y la prohibición de la tortura y cualquier trato cruel, inhumano o degradante. «Se deberán reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad», dice en uno de sus puntos centrales.

Pero Lebbos, jueza sustituta de la 12ª Circunscripción Federal de Curitiba, que también se encargó de supervisar la ejecución de la condena al empresario Marcelo Odebrecht, sostiene que “no hay indicios de violación de los derechos de los custodiados en el establecimiento que se pretende inspeccionar”. 

La magistrada respondió que no desprecia las Reglas de Mandela pero se escuda en que son solo recomendaciones, “no imposiciones”. Más aún, indica que Serpaj no es un organismo fundado en el tratado de Derecho Internacional y no integra la ONU. 

Genéricamente, Lebbos se excusa de otorgar el permiso de inspección en que “la repetición de esas verificaciones (de las que ya se hicieron tres petitorios) es incompatible con el funcionamiento de la PF y dificulta la rutina de la Superintendencia en relación con los presos”. 

Por tal razón, informó que autoriza visitas de familiares y de abogados los jueves que sean días hábiles y fines de semana. En cuando a los que intenten hablar con Lula para testimoniarle su afecto y su apoyo, responderá caso por caso y a voluntad, ya que entiende que la pena implica una restricción a visitas de políticos.

La situación procesal de Lula, mientras tanto, está pendiente de nuevos recursos en estrados judiciales. Pero sorpresivamente un juez del Supremo Tribunal de Justicia, Marco Aurelio Mello, dio lugar a un pedido del Partido Comunista do Brasil para declarar anticonstitucionales las prisiones con fallos de cámara, antes de una sentencia firme fundada precisamente por la Corte.

De haber una acordada en tal sentido, esto implicaría la liberación de Lula y de varios detenidos por la causa Lava Jato. Y también de un reo muy vinculado al exmandatario, José Dirceu. El que fuera jefe de Gabinete en el primer gobierno del metalúrgico luego de haber articulado las alianzas que le permitieron llegar al gobierno en 2003, había sido condenado a 20 años y diez meses acusado por delitos de corrupción. Ahora una cámara de segunda instancia aumentó la sentencia a 30 años, nueve meses y diez días.

Aecio Neves, hasta las manos

Los mismos que colaboraron especialmente para la destitución del Dilma Rousseff y la demonización de Lula da Silva, operaciones para las que el excandidato del PSDB AecioNeves fue una pieza clave en el Congreso, ahora cuestionan ácidamente al senador. No por moralistas, sino porque como ocurre con la revista Veja, temen que su complicada situación procesal termine por afectar la campaña presidencial del exgobernador Geraldo Alckmin, del mismo partido y el crédito de los medios hegemónicos para suceder a Michel Temer. 

Neves perdió por poca diferencia contra Rousseff en 2014 y desde entonces participó de la estrategia de desgaste sobre su gobierno. Luego encabezó el voto para su destitución en el Senado. Ahora, acusado por haber solicitado una coima de dos millones de reales (unos 590 mil dólares) al empresario de la carne Joesley Batista, será juzgado por el Supremo Tribunal brasileño en causas por corrupción y por obstrucción a la justicia.

La ironía es que el dinero, según cuenta en la grabación subrepticia que le hizo Batista, de la familia propietaria del mega-frigorífico JBS, era para pagarles a los abogados que lo estaban defendiendo en otras siete causas por corrupción. «