Encontró su aguja en un pajar. La española Inés Madrigal conoció a su familia biológica después de 32 años de búsqueda, un juicio inédito por falsificación de identidad durante la dictadura franquista y siete pruebas de ADN. «Armé mi árbol genealógico. Soy la mayor de cinco hermanos a los que he conocido y me han abierto sus corazones. También he visto fotos de mi madre y fue un gran impacto porque soy un calco de ella.» Su mamá biológica se llamaba Pilar y murió a los 73 años, en el 2013. «Ahora sé que ella no se olvidó nunca de mí», remarca conmovida Inés a Tiempo, a través del teléfono.
Al conocer a sus hermanos –tres hombres y una mujer–, Inés supo a sus 50 años que ellos también la buscaban. «Me contaron que mi madre quedó embarazada en 1968, estando soltera, y me dio en adopción. Ella se los dijo en el 2000 y poco tiempo después los cuatro consensuaron buscarme.» Uno de sus hermanos llevó su perfil de ADN a una de las bases de datos privadas con las que trabajan las asociaciones de bebés apropiados de España. «Es dramático, mi perfil y el de él, estaban en un mismo banco que no detectó nuestro parentesco», lamenta Inés. Madrigal no fue una niña robada, como ella sospechaba, pero su adopción como muchas otras en España fue completamente ilegal. Su acta de nacimiento fue falsificada e inscripta como hija biológica de Inés Pérez, una mujer infértil.
Falsificación de identidad y venta de bebés
Inés Madrigal nació el 4 de junio de 1969. Ese mismo día el ginecólogo Eduardo Vela la entregó a una familia a pedido de un sacerdote jesuita. «A mis 18 años me enteré de que era adoptada, estamos hablando del año 1987, cuando todo era muy oscuro, muy tapado y todavía se vendían bebés en España». Recién comenzó a indagar sobre sus orígenes en 2010, cuando advirtió a través de un artículo periodístico que la clínica San Ramón de Madrid, donde había nacido, era uno de los centros del tráfico de niños durante la dictadura de Francisco Franco. «Leí una nota en el diario El País donde dos hombres relataban cómo una monja los vendió a sus padres adoptivos en plazos. Sus familias iban todos los años a entregar dinero a la religiosa.» Inés sospecha que fue vendida y recuerda visitas recurrentes a un convento. «Cuando era pequeña todos los años mi padre, cuando cobraba el sueldo extra (aguinaldo), me llevaba a visitar a un cura jesuita. Supongo que ahí le entregaba dinero. Yo lo quería mucho al sacerdote y él me daba unos abrazos enormes.»
Cerca de 300 mil recién nacidos fueron vendidos o regalados en España a partir de 1938, según la ONG SOS Bebés Robados. El arrebato comenzó en los años oscuros pero continuó después de Franco, hasta principios de los ’90. La apropiación partió de una teoría delirante para extirpar de la sociedad española un «gen rojo», tras la Guerra Civil. Al comienzo se trataba de hijos de disidentes políticas, del mismo modo que pasó durante la dictadura cívico-militar en la Argentina. Pero luego, eran casos de coacciones a madres solteras o pobres, muchas veces con la complicidad de la Iglesia Católica. Y como Inés Madrigal, muchos niños fueron dados en adopción pero registrados irregularmente como hijos biológicos de sus padres adoptivos, impidiendo luego la posibilidad de reconstruir su verdadero origen.
«Al reencontrarme con mi familia pude conocer las causas por las que mi madre Pilar no pudo quedarse conmigo. Y responde a las formas de vida que había en una dictadura nacionalista, católica y fascista. En España había una sociedad muy rígida donde, si te salías de ciertos cánones, quedabas excluida y estigmatizada de por vida.» La mayoría de estos niños fueron vendidos y se llegó a pagar hasta un millón de pesetas por ellos.
Durante el franquismo, la Iglesia manejaba muchos de los hospitales y sanatorios donde se produjeron las apropiaciones ilegítimas. «La iglesia fue cómplice, cooperante necesario, de todo lo irregular que hacían los médicos durante el franquismo. Hoy se niega a abrir sus archivos y donde no hay cooperación, está claro que no hay arrepentimiento», remarca Madrigal. En los últimos años, las víctimas le escribieron varias cartas al Papa Francisco para que ordene la apertura de los registros de los nacimientos pero aún no recibieron respuesta.
El obstetra y director
Para concretar el reencuentro con su familia biológica, Inés emprendió un largo camino judicial. En 2018, tras varios intentos, logró sentar en el banquillo al director del sanatorio donde nació, el doctor Eduardo Vela, de 85 años. Se trató del primer juicio por robo de bebés y supresión de identidad durante el franquismo.
«En este periplo tuve que denunciar a mi madre adoptiva. Ha sido duro porque me lo ha dado todo, pero ella estuvo de acuerdo. La jueza la imputó y si hoy estuviera viva podría ir a prisión, pero no me arrepiento de nada porque fue un camino necesario para llegar a la verdad.»
La Justicia determinó que el ginecólogo Vela era culpable de tres hechos: detención ilegal, falsificación de documentos y simular que Madrigal era hija biológica de su familia adoptiva. El médico en la instrucción del juicio llegó a reconocer su firma en el acta de nacimiento trucada, donde suscribió como asistente del parto de Inés Pérez, quien no podía tener hijos.
Si bien la Justicia reconoció los delitos, el doctor fue absuelto porque los jueces consideraron que habían prescripto. El fallo evidenció una actitud extendida en gran parte de la Justicia española, destinada a proteger a los responsables de los delitos de lesa humanidad. Pero Madrigal recurrió al Tribunal Supremo, que tiene pendiente pronunciarse.
Inés sabe que el desenlace de su caso puede avivar las voces de quienes desconocen los crímenes de la dictadura franquista. «Los negacionistas nunca se fueron, están ahí, y ahora pueden santificar a Eduardo Vela. Pero el médico me cercenó mi derecho de saber quiénes eran mi padres biológicos. En España existe una ley que permite a los adoptados conocer sus orígenes y yo no figuro en esos registros porque falsificaron mi identidad», remarca.
El encuentro
En su proceso de búsqueda, Inés Madrigal entregó muestras de ADN en tres laboratorios privados españoles y en el Instituto Nacional de Toxicología. Pero finalmente encontró a su familia biológica a través de un banco genético de Estados Unidos. Solicitó un kit de ADN por Internet, que llegó a su casa tras el pago de poco más de 100 dólares. Se tomó la muestra y la envió por correo a la empresa estadounidense 23andMe. El laboratorio analiza tipos de marcadores genéticos que pueden detectar parentescos de hasta quinto grado de afinidad.
«Cuando el 7 de enero abrí los resultados me encontré con que tenía 1092 parientes, entre ellos uno muy cercano, que resultó ser mi primo Aitor. Me puse en contacto con él por un mail y ese mismo día, a las 8 de la noche, hablamos por teléfono. Fue muy emocionante porque cuando pasó todo esto yo había tirado la toalla. Pensaba que nunca iba a conocer mis orígenes», confiesa Inés.
A través de su primo, Madrigal dio con sus hermanos y la confirmación definitiva de su identidad le llegó hace muy poco. «El 3 de julio, el Instituto de Toxicología oficializó su dictamen, tras analizar nuestros perfiles genéticos. Concluyó que la compatibilidad que tenemos es 78.802 veces más probable entre nosotros que frente a una persona tomada al azar.»
Inés encontró su aguja en un pajar y ahora pide al Estado la creación de un banco genético gratuito para todos los que están buscando madres, padres, hijos, hermanos o nietos en España. «Con mi caso se abre la esperanza de la vía genética. Las víctimas quizá nos equivocamos al apostar por el camino judicial, porque los encuentros se están dado por la vía de ADN americanos.» «
