En Curitiba no lo quieren a Lula. O más bien, incomodan los cientos de Lula que están acampando en cercanías de la sede policial donde el expresidente quedó alojado el 7 de abril para cumplir la condena de 12 años y un mes de prisión. La prefectura, lo que en Argentina se conoce como municipio, pidió a la Justicia Federal que trasladen al exdirigente metalúrgico a otro lugar, que no indicaron, porque alegan que están sobrepasados por todo lo que genera la presencia del exmandatario. 

Desde que Luiz Inácio da Silva se entregó a las autoridades, no sólo se levantó un campamento, que recibe el nombre de Lula Libre, en un cruce del barrio Santa Candida, a unos 200 metros del cuartel de la Policía Federal donde el juez Sergio Moro ordenó acondicionar una celda especial para alojarlo. 

«En este país todo funciona a presión y por eso estamos acá», dijo a la prensa Roberto Baggio, coordinador del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) del estado de Paraná.

El desfile de militantes, activistas y dirigentes es desde entonces incesante, aunque Moro no dio luz verde para que todos los que van a Curitiba puedan visitar al insigne preso. Así, negó el ingreso a nueve gobernadores que lo fueron a visitar y sólo pudo ver a su familia el jueves.

El caso rompe con la monotonía de una ciudad no acostumbrada a esos avatares, lo que llevó a las autoridades comunales a sumarse a un reclamo del Sindicato de Comisarios de la Policía Federal de Paraná. En un comunicado, los agentes se excusaban de que con Lula allí adentro no pueden atender al público «con la seguridad y agilidad necesarias». El edificio está acordonado con policías que impiden el ingreso y además, dejan de cumplir otras funciones burocráticas. Ellos, sin embargo, sí sugieren dónde llevarlo: a un recinto especial de las Fuerzas Armadas.

Con todo el proceso judicial y la posterior detención de Lula salieron a la luz las graves diferencias que atraviesa la sociedad, la «grieta brasileña». Algo de eso se vio en el audio de los efectivos que llevaron a Lula desde San Pablo a Curitiba el sábado pasado donde se escucha que alguien le dice al piloto del helicóptero «tira esa basura por la ventana» y «no lo traigas nunca más». La pregunta ahí no es tanto quién dijo qué, ya que podría haber pasado por una broma interna, sino quién lo difundió y con qué objetivo.

Ese clima de rencor fue analizado por el portal Brasil de Fato <www.brasildefato.com.br> en un artículo donde la psicoanalista Maria Rita Kehl señala que si bien el odio es un sentimiento común al género humano, lo que se ve en este Brasil «engrietado» es que «no existe confianza en las instituciones democráticas como para que haya un destino político para ese odio». El riesgo, teme, es terminar como la Alemania de los ’30, donde «una parte de la clase media-baja que sufría con la hiperinflación encontró un salvador de la patria autoritario que resolvería el problema». 

Hoy ese salvador se percibe en Jair Bolsonaro, el exmilitar que homenajea al golpe de 1964 y celebra al torturador que se ensañó con Dilma Rousseff. En estos días se conoció una nueva encuesta de Data Folha, la consultora ligada al diario paulista, en la que hay dos opciones. En una Lula encabeza las voluntades con un 34% de los votos y Bolsonaro está segundo con el 16%. Pero cuando entre los aspirantes no figura el expresidente, Bolsonaro trepa al 18%, seguido por la exministro de Medio Ambiente de Lula, Marina Silva. 

La lucha en el Parlamento, mientras tanto, va por otros carriles. Los legisladores de izquierda pidieron que se agregue el nombre de Lula al suyo propio. Así, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffman, pretende que la llamen «Gleisi Lula Hoffman». Otros congresistas pidieron lo mismo bajo la consigna del detenido creador del PT, quien instó ante la multitud reunida frente al Sindicato Metalúrgico de San Bernardo do Campo que «todos ustedes deberán ser Lula».

Desde ese oficialismo tenue que respalda a Michel Temer, el que blandió la espada fue José Medeiros, quien dijo que «si hay que dividirse en dos lados, entre el preso y el juez, yo prefiero estar del lado del juez». Se le sumó el diputado Sóstenes Cavalcante, que quiere incluir a Moro como su segundo nombre.

La batalla en ese terreno incluirá, según se supo, que el PT y los otros partidos afines de la izquierda como el comunista de Brasil (PSdoB), el Socialismo y Libertad (PSOL) y el Democrático Laborista (PDL) bloqueen todas las iniciativas que lleguen a las cámaras hasta que Lula recupere su libertad.

La derecha, al decir de esa coalición «lulista», abrió un proceso de criminalización que resulta inadmisible en democracia. Señalan que sufrieron denuncias insólitas de la bancada del Partido de la República y de Consejo de Ética del recinto por «atentado al decoro parlamentario». Ivan Valente (PSOL) y Erika Kokay (PT), por ejemplo, fueron acusados de injuria y difamación contra el presidente Temer en discursos sobre tablas.

«Hay una lógica fascista de eliminar al otro porque discrepa en la forma de ver el mundo o políticamente que crece de forma mucho más nítida y desenvuelta ahora porque estamos en una ruptura democrática», señaló Kokay.

Jean Wyllys (PSOL), en cambio, fue acusado de apología de los narcóticos y de perversión porque en un reportaje dijo, irónicamente, que si el mundo se estuviera terminando, aprovecharía para consumir todas las drogas ilícitas y tendría sexo con quien le diese en gana.

Desde el punto de vista leguleyo, en tanto, los abogados de Lula presentaron un nuevo recurso ante el Supremo Tribunal Federal para la inmediata libertad del expresidente. El argumento es que Moro no podía decretar la prisión de Lula antes de que se agotaran todos los recursos ante el Tribunal Regional de Paraná. 

La titular de la Corte, Carmen Lucia Antunes, cuyo voto fue decisivo para denegar el hábeas corpus del líder del PT la semana pasada, y a la que se le atribuyen veleidades políticas, tendrá ocasión de ejercer el cargo de presidenta por unos días. Es que con el viaje de Temer para la alicaída cumbre de Lima, es la sucesora constitucional tras el desbarajuste en que están las instituciones luego del golpe parlamentario del 31 de agosto de 2016. Difícilmente cambie su voto contrario a Lula. «