En una nueva arremetida en su cruzada contra el presidente electo, Bernardo Arévalo, y su movimiento socialdemócrata, Semilla, el Ministerio Público de Guatemala anunció el viernes que sus investigaciones determinaron que las elecciones en las que resultó elegido son «nulas» por supuestas irregulares en la primera vuelta. Dirigido por la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras, a quien un amplio sector de la población, incluidos profesionales del ámbito de la justicia, piden que renuncie, la fiscalía estableció que hubo “anomalías en las actas finales de cierre de escrutinio» por lo que «son nulas de pleno derecho para las elecciones de presidente, vicepresidente, diputados, corporaciones y diputados al Parlamento Centroamericano”.
Para Arévalo, cuya asunción el próximo 14 de enero está puesta en duda desde su triunfo en el balotaje del 20 de agosto pasado, se trata de “un intento de golpe de Estado en Guatemala, un ataque no solo contra figuras políticas, sino contra la democracia misma”, según afirmó en una conferencia de prensa el mismo día.
La resolución del Ministerio Público no es concluyente, ya que deberá ser remitida al Tribunal Supremo Electoral (TSE) “para que ellos la puedan analizar en los próximos días», según afirmó un funcionario de la fiscalía.
Pero el propio Tribunal se expidió el viernes rechazando la posición de los fiscales. La presidenta del organismo, Blanca Alfaro, aseguró luego del fallo que «los resultados están validados, están oficializados y son inalterables». Los funcionarios electos, dijo, «deben tomar posesión en enero próximo, de lo contrario hay rompimiento del orden constitucional».
Al igual que viene ocurriendo desde que comenzó la investigación contra el movimiento Semilla, hubo varias manifestaciones defendiendo a los candidatos. El propio gobierno de derecha mantuvo una posición neutral pidiendo respetar el proceso y dejando en manos del TSE la resolución del caso. En un comunicado, el partido oficialista Vamos, advierte: “respetamos los resultados establecidos y lo actuado por el Tribunal Supremo Electoral que es la máxima autoridad en materia electoral”. En términos similares se pronunciaron los otros partidos mayoritarios, Cambio y Valor, sin asumir una posición concreta se declararon “comprometidos con el Estado de Derecho y con el Orden Constitucional”.
El caso también concitó el interés de parte de la comunidad internacional, como venía ocurriendo. Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), condenaron las acciones de la fiscalía.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en X: «Estamos frente a un golpe de estado en Guatemala. La OEA debe actuar de inmediato. Todo el apoyo al pueblo guatemalteco. Una fiscalía que ha encubierto el narcotráfico y la corrupción actúa contra la democracia». También España, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, rechazó «de modo tajante» las actuaciones del Ministerio Público que «atentan contra la democracia» y suponen «una grave violación de la voluntad del pueblo guatemalteco libremente expresada en las urnas».
El jueves, el movimiento de Arévalo organizó una marcha también contra las acciones judiciales que le sigue la fiscalía por supuestas anomalías en la inscripción de su partido Semilla en 2017 y por apoyar la ocupación de una universidad estatal en 2022.
La «Marcha por la democracia» recorrió calles del centro histórico y pasó frente a las sedes del Congreso, la Corte Suprema y Corte de Constitucionalidad, donde los manifestantes, convocados por organizaciones civiles y grupos indígenas. Marchamos en unidad por este país que va a florecer a pesar de los corruptos», afirmó Arévalo.
Una cruzada contra los que combaten la corrupción
La cruzada de la fiscal general, Consuelo Porras, contra el presidente electo Bernardo Arévalo no es casual. Arévalo ya había anunciado en campaña electoral que, de ganar, pediría la renuncia de Porras, quien fue elegida en 2022 por el presidente saliente Alejandro Giammattei para un segundo mandato de otros cuatro años al frente del Ministerio Público. Las persecuciones de ese organismo contra funcionarios son moneda corriente desde que Porras asumió en 2018, nombrada por el entonces presidente, Jimmy Morales, en sustitución de Thelma Aldana, la fiscal general que lideró una importante batalla contra la corrupción en el país. Tras la asunción, Morales anunció la salida de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cicig), una misión creada por Naciones Unidas que operó durante 12 años y que logró desmantelar numerosas redes criminales.
De inmediato, Porras actuó contra su predecesora, quien intentó presentarse como candidata a la presidencia, pero el Ministerio Público la acusó de «malversación de fondos» y giró una orden de captura en su contra, por lo que la reconocida exfiscal se tuvo que exiliar en EE UU.
Para organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, desde allí se emprendió una corriente de criminalización desde el Ministerio Público contra decenas de jueces, fiscales y periodistas que trabajaban o investigaban temas vinculados a la corrupción y que acabaron detenidos o bien eligieron salir de Guatemala para evitar la cárcel.
