La estrategia dilacionista de Keiko Fujimori, su partido Fuerza Popular y los sectores de ultraderecha para evitar que se proclame a Pedro Castillo vencedor del balotaje en Perú apuesta a varios frentes. No solo la instalación de un clima de incertidumbre y la intención de generar una revuelta callejera. La propia posibilidad de un golpe institucional o al menos declaraciones y actitudes sediciosas alertaron al propio gobierno de Francisco Sagasti, que se vio forzado a iniciar una investigación. A la avanzada anti Castillo se sumó el expresidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, quien presentó el viernes un amparo para directamente declarar “la nulidad de las elecciones” por tratarse de “un proceso electoral viciado por diversos actos que menoscaban la voluntad popular”.
Según comentaron desde espacios cercanos a Perú Libre, partido de Castillo, el plan de inundar con denuncias y pedidos de nulidad apuntaría a que llegue la fecha de asunción, el próximo 28 de julio, sin un presidente proclamado por la Justicia. “En ese caso sería supuestamente el Congreso el que podría elegir a un presidente”, explicó a Tiempo Álvaro Campana, secretario general de Nuevo Perú, el espacio de izquierda aliado a Castillo. Si bien Perú Libre tiene la primera minoría, aun con algunos aliados, su fuerza legislativa será escasa ante el posible bloque de derecha que pueda conformarse en torno al fujimorismo.
Pero no es todo. Esta semana se presentó una demanda por sedición contra el almirante retirado y legislador electo de Renovación Popular, Jorge Montoya, por haber dicho que “anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina”. La denuncia colectiva reunió a unos mil peruanos en coordinación con la Mesa de Abogados por la Democracia y fue también dirigida contra el excandidato presidencial Rafael López Aliaga, un periodista y una cadena de televisión, entre otros. Afirma que viola el artículo 45 de la Constitución y el artículo 347 del Código Penal. No fue la única expresión. El presidente Sagasti tuvo que pedir este viernes que se investiguen “posibles conductas lesivas al orden constitucional” tras conocer que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas recibió un día antes una carta firmada por cientos de oficiales retirados que pide desconocer al próximo presidente si es que el Sistema Electoral no revisa las denuncias de supuestas irregularidades.
“Lo que es inaceptable es que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para que quebranten el estado de derecho. Como presidente Constitucional de la República, rechazo este tipo de comunicaciones que no solo son contrarias a los valores y a la institucionalidad democrática, sino también son actos reñidos con la Constitución y las leyes”, dijo Sagasti en una declaración pública desde el Palacio de Gobierno.
“He solicitado a la ministra de Defensa coordinar el envío de estas cartas al Ministerio Público para que, en el marco de sus competencias y funciones, realice las investigaciones necesarias para determinar posibles conductas lesivas al orden constitucional y establezca las respectivas responsabilidades”, agregó.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya culminó el escrutinio. Los resultados arrojan que Castillo ganó por 50,12% a 49,82% y con una diferencia de 44.058 votos. Todos los organismos y veedores intervinientes aseguran que no se detectó ninguna irregularidad sistemática en el proceso. Sin embargo, al Jurado Nacional Electoral (JNE) le toca estos días evaluar cada una de las numerosas presentaciones de hizo el partido de Fujimori. En la visión más optimista, consideran que la resolución no llegará antes de la primera semana de julio. La disputa, en tanto, continúa en las calles, donde de uno y otro lado convocan a marchar, unos para “defender los votos” y otros para exigir la proclamación del presidente electo.
