El Supremo Tribunal de Brasil empieza a discutir este viernes una acción judicial sobre la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. En caso de que la iniciativa prospere, significaría un cambio con respecto a la norma actual, que sólo autoriza la interrupción del embarazo en tres situaciones específicas: si hubiera riesgo de muerte para quien está gestando, si la gestación fuera consecuencia de una violación o si el feto presentara anencefalia.

La presidenta del tribunal, Rosa Weber, que además es la magistrada a cargo de este caso, dispuso que la discusión se extenderá por una semana en una sesión virtual. Se trata de un sistema por el cual los ministros que integran esa corte depositan su voto dentro de una sesión que se extiende por un tiempo determinado, en este caso, hasta la medianoche del 29 de setiembre, informó el diario Folha de São Paulo. Sin embargo, cualquiera de los 11 magistrados que integran el Supremo Tribunal Federal podría solicitar más tiempo para analizar el caso o pedir que sea enviado al plenario presencial para su discusión, lo que modificaría los plazos previstos.

Weber será la primera en votar y su pronunciamiento tendrá validez aunque la discusión se extienda más allá del 2 de octubre, cuando ella dejará el cargo porque cumple 75 años, el límite de edad para integrar el tribunal. De acuerdo con Folha, Weber aludió a la importancia de que una mujer vote sobre la despenalización del aborto en una corte que está compuesta por sólo dos mujeres y nueve hombres. En Brasil están en marcha campañas para que en el cargo de Weber sea designada una mujer afrodescendiente.

La acción judicial que cuestiona la criminalización del aborto fue presentada en 2017 por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y consiste en un pedido de anulación de los artículos 124 y 126 del Código Penal, que data de 1940. El PSOL argumentó que esas normas violan preceptos fundamentales contenidos en otras leyes y en la Constitución de 1988, entre ellos el “de la dignidad de la persona humana, de la ciudadanía, de la no discriminación, de la inviolabilidad de la vida, de la libertad, de la igualdad, de la prohibición de la tortura o trato inhumano o degradante y de la salud”, informó la revista Carta Capital.

En enero, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva revocó una norma aprobada por el Ejecutivo anterior, de Jair Bolsonaro, que ponía trabas al acceso al aborto incluso en las situaciones en las que la ley lo admite. Exigía que en esos casos antes de interrumpir el embarazo era necesario “informar del hecho a la autoridad policial responsable” y reclamaba a los médicos e instituciones de salud que preservaran “posibles evidencias materiales del delito de violación para su inmediata entrega a la autoridad policial o a peritos oficiales”. Otro punto de esa norma, el que disponía que los médicos debían ofrecerle a la persona que iba a practicarse un aborto la posibilidad de ver al embrión en una ecografía, fue eliminado por el Supremo Tribunal Federal.

Según informó Agência Brasil, una de cada siete mujeres del país con edades próximas a los 40 años se practicó al menos un aborto. El dato surge de la Encuesta Nacional sobre el Aborto, coordinada por la antropóloga Débora Diniz, docente de la Universidad de Brasilia. La mitad de esas mujeres abortaron por primera vez cuando tenían 19 años o menos.