En medio de disputas internas, crisis política por dirigentes opositores apresados y nuevas sanciones económicas, Nicaragua celebrará este domingo unas elecciones en las que el presidente Daniel Ortega se encamina hacia su cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder, exponiéndose a enfrentarse a parte de la comunidad internacional que adelanta que no le reconocerá un eventual triunfo.
El miércoles, el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto que da al gobierno de Joe Biden la autoridad para adoptar nuevas sanciones contra Nicaragua, como viene imponiendo desde 2018, y exigir «elecciones justas». En la misma sintonía se pronunció la Unión Europea. «El señor Ortega se ha preocupado de encarcelar a todos los contendientes políticos y no podemos esperar a que este proceso arroje un resultado que podamos considerar legítimo», señaló alto representante de UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. El jue ves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) condenaron en un comunicado “la falta de garantías a derechos y libertades en el contexto del proceso electoral, a cuatro días de la jornada electoral del 7 de noviembre en Nicaragua”.
El 2 de junio, la periodista Cristiana Chamorro, aspirante presidencial con mayores posibilidades, fue puesta bajo arresto domiciliario, acusada de lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida, y falsedad ideológica. Es hija de la expresidenta Violeta Barrios y de Pedro Joaquín Chamorro, héroe de la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza (1937-1979). En los días subsiguientes fueron detenidos otros seis aspirantes presidenciales: el politólogo Félix Madariaga, el economista Juan Sebastián Chamorro (primo de Cristiana), el exdiplomático Arturo Cruz, el periodista Miguel Mora, el líder campesino Medardo Mairena y el dirigente conservador Noel Vidaurre. Tiempo después fue detenida con arresto domiciliario e inhabilitada la ex Miss Nicaragua en 2017, Berenice Quezada, quien secundaba un binombio de la coalición menor de derecha Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL), por el cargo de «incitación al odio».
Fue la culminación de un proceso que viene desde mayo y produjo la anulación de tres partidos opositores y el encarcelamiento de 39 políticos, empresarios, campesinos, estudiantes y periodistas. El gobierno los acusa de «traidores a la patria» y «golpistas» financiados por Estados Unidos. Washington, que tilda a Ortega de «dictador», la ONU y la Unión Europea exigen su liberación. La disputa internacional se profundizó el último año por la exigencia de las naciones más poderosas de instaurar una reforma electoral, que algunos estados consideran una injerencia en los asuntos internos del país.
Con los principales candidatos fuera de juego, el líder sandinista de 76 años se encamina hacia una victoria cómoda y no exenta de cuestionamientos, tres años y medio después de las protestas que exigían su renuncia y cuya represión dejó más de 300 muertos. Según un sondeo de Cid-Gallup el 65% habría votado por un opositor y 19% por Ortega, aunque la encuestadora progobierno M&R afirma que un 70,7% votará por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
No obstante, la dupla de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, a quien llama su “copresidenta”, enfrentará a otros cinco opositores, algunos acusados de hacer el juego político al gobierno.
Se trata del diputado Walter Espinoza, por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). El reverendo Guillermo Osorno, también diputado y candidato por el partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN). Marcelo Montiel, abogado, del partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), un colectivo señalado de colaborar con los sandinistas, porque se niega a caracterizar al gobierno de dictadura, como la mayoría opositora. “Aquí lo que existe es una concentración de poder, y vemos que, en la práctica, todos los poderes están sometidos al señor Ortega”, dice.
También está Gerson Gutiérrez Gasparín, el candidato más joven, con 29 años. Compite por el partido Alianza por la República (Apre). Es crítico de la comunidad internacional por cuestionar el proceso electoral nicaragüense. “El gran problema con nuestros apreciados amigos de la comunidad internacional es que solo escuchan a una parte de ciertos grupos denominados de oposición y, al escuchar solo una parte, tienen un concepto o una versión sesgada”, indica. Finalmente, Mauricio Orúe es el candidato por el Partido Liberal Independiente (PLI), aunque en la actualidad es diputado por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). Es pastor evangélico, abogado y psicólogo clínico y es señalado de ser colaborador y aliado de los sandinistas en el Parlamento, en donde vota junto con ellos. Unos 4,3 millones de nicaragüenses están llamados a votar presidente y vice y 90 diputados de la Asamblea Nacional y 20 al parlamento centroamericano. Los comicios serán observados por 180 «acompañantes» invitados por el gobierno, que rechazó la fiscalización internacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.
