Entre las convulsiones sociales que se viven a lo largo del planeta, otro pequeño país olvidado en el trópico ve tambalear las bases de su democracia al constatar -ahora con pruebas irrefutables- cómo lo han convertido en un Narcoestado. Aunque para ser precisos, el epicentro del tsunami surgió en una corte del Distrito de Nueva York, donde hace una semana condenaron por narcotráfico a gran escala al hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH).

Los civiles integrantes del jurado concluyeron que el ex diputado Tony Hernández es culpable de importar toneladas de cocaína a Estados Unidos, portación de armas, conspiración y falso testimonio. Pero lo que el juicio vino a revelar es cómo unos políticos que se jactaban de sus humildes orígenes, usaron plata del narcotráfico para escalar en el poder y desde la cima del Estado, abusar de sus cargos para apropiarse del millonario negocio con total libertad.

De los testimonios brindados por los testigos, se desprende que los Hernández habrían recibido un millón de dólares en manos del Chapo Guzmán -líder del cartel de Sinaloa- para financiar la campaña que llevaría a JOH a la presidencia en 2013, a cambio de protección para sus cargamentos y sus aliados en territorio hondureño. Pero no sólo del capo mexicano recibían sobornos, sino también de varios narcos locales, que luego eran recompensados con cargos públicos para sus familiares, concesiones para empresas que lavaran su dinero, información sobre radares, retenes policiales y hasta asesinatos selectivos para quienes ponían trabas en sus negocios.

Con un discurso de combate al narcotráfico y militarización del país, lo que en realidad hicieron los Hernández fue limpiarle el camino a sus socios y desaparecer a la competencia.

Igual sucedió dentro de las fuerzas del orden, donde con la excusa de depurar corruptos, en realidad quitaron del medio a los que realmente estaban señalando los vínculos entre la política y el crimen organizado.

Durante el juicio, salieron a la luz los nombres de funcionarios, policías y militares -retirados o en función- que serían parte de las redes del narcotráfico, que existían desde antes de la llegada de Tony, pero que se afianzaron durante la presidencia de su hermano, quien está señalado por la fiscalía como co.conspirador.

Uno de los testigos claves fue el ex líder del Cartel “Los Cachiros”, que a cambio de una reducción en su pena, trabajó infiltrado para la DEA antes de terminar entregándose por miedo a que lo mataran en Honduras.

Devis Rivera Maradiaga filmó con una cámara oculta en su reloj un encuentro que mantuvo con Tony en un restaurante en Tegucigalpa y afirmó haberle entregado plata a él, al actual Ministro de Seguridad y al hijo -también detenido en EEUU por narcotráfico- del anterior presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa.

El nivel de impunidad que manejaba Tony era tan grande que llegó a estamparle las siglas TH a los paquetes de cocaína que producía primero en Colombia y luego en los laboratorios que fue instalando en las montañas de Lempira, departamento del que son oriundos los Hernández. Y a usar un submarino para transportar la droga hacia Estados Unidos, además de aviones y buques rápidos.

Sentirse intocable le permitió presentarse voluntariamente ante las autoridades norteamericanas en 2016, donde fue entrevistado y después liberado. Ya a fines de 2018, con más pruebas y habiéndole mentido previamente a los interrogadores, fue detenido mientras realizaba un viaje de negocios. Menos de un año más tarde fue puesto frente al estrado y en menos de dos semanas encontrado culpable.

La reacción de su hermano no se hizo esperar. JOH salió a desacreditar a los testigos por ser asesinos confesos y a reclamar que no mancharan el nombre de Honduras. Igual lo hicieron otras instituciones señaladas de estar coludidas por el crimen. Y los que no, fueron separados de sus cargos, como varios militares que se manifestaron en contra del régimen.

La oposición -encabezada por el ex presidente Mel Zelaya- llamó a la desobediencia civil, pero los focos de protestas han sido rápidamente apagados por la represión policial. Tal vez, porque los hondureños saben que hasta que Estados Unidos no encuentre otro títere, no permitirán que JOH deje vacante un puesto de aliado clave en la región centroamericana.

O tal vez, porque aunque el juicio ayudó a esclarecer lo que era vox pópuli en Honduras, ya no quieren seguir sumando mártires a la lista inaugurada tras el Golpe de Estado, en un narcogobierno que a pesar de que el juicio se realizara en Nueva York, sigue contando con el apoyo de Donald Trump, quien había felicitado a Juan Orlando días antes en la convención de la ONU.