El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) concluyó este miércoles que se cometieron «graves violaciones a los derechos humanos» durante los hechos de violencia de octubre de 2019 en el país andino, que resultaron del golpe de Estado contra Evo Morales y la instauración del gobierno de facto de Jeanine Áñez y ratificó la responsabilidad estatal en las masacres de Sacaba y Senkata.
En la presentación oficial de su informe ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) los técnicos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideraron que los actos de violencia en Senkata y Sacaba, deben considerarse «masacres, dado que manifestantes pacíficos fueron asesinados por la policía y las fuerzas armadas», en palabras de Julian Burger, uno de los expertos.
El GIEI responsabilizó por estos hechos al Estado, por entonces comandado por Jeanine Áñez, hoy detenida y a punto de ser enjuiciada por el cargo de haber asumido la presidencia de forma inconstitucional. Un informe de la defensoría del Pueblo la señalaba también como autora de delitos de lesa humanidad por “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil”.
En ese punto, el informe del grupo disiente al señalar que su informe «no dice que el gobierno interino haya cometido un genocidio» ya que «el GIEI no encontró motivos para llegar a esa conclusión». Burger también mencionó que el informe no habla ni de «fraude» ni de «golpe de Estado» y se concentra en las masacres y las violaciones cometidas.
«La Policía y las fuerzas armadas, en forma separada y conjunta, usaron la fuerza en forma excesiva y desproporcionada», afirmó a su turno otro de los integrantes, Marlon Weichert y mencionó la existencia de «torturas y vejaciones» a detenidos, «hostigamiento a la prensa», «persecuciones penales sin debido proceso y el uso de la justicia para la persecución política», entre otras violaciones a los DDHH que fueron «responsabilidad del Estado».
Para los expertos, “la explosión de violencia se debió a factores históricos, especialmente la discriminación racial contra los pueblos indígenas”. Por eso el informe promueve unas 60 «recomendaciones» al Estado nacional “para lograr la reconciliación de las diferentes divisiones políticas, sociales, económicas y raciales que históricamente han asolado y siguen asolando el país”.
Evo Morales renunció el 10 de noviembre de 2019 ante una «sugerencia» de jefe de las Fuerzas Armadas, tras 21 días de protestas callejeras, de un amotinamiento policial y en medio de denuncias de irregularidades en el recuento de las elecciones presidenciales.
Áñez, entonces vicepresidenta segunda del Senado, asumió la Presidencia dos días después en una polémica sesión sin quórum debido al boicot del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS). Las protestas contra el golpe se profundizaron durante noviembre y como resultado un total de 37 manifestantes murieron en la represión.
Áñez está en prisión preventiva desde su detención, el 13 de marzo, en Beni. La primera audiencia de su proceso, prevista para el pasado 10 de febrero, fue suspendida a requerimiento de la defensa y debido a problemas técnicos. Días antes, la exsenadora se había declarado en huelga de hambre en protesta por lo que considera una «persecución política».
Políticos locales apoyan esa caracterización, que trascendió las fronteras de Bolivia. La semana pasada, un usuario de redes que apoya a Juntos por el Cambio difundió un documento firmado por varios dirigentes de ese espacio, como Martín Tetaz, Ricardo López Murphy, Fernando Iglesias, y otros, como José Luis Espert, que apoya a la expresidenta de facto y dice que es víctima de «una injusta persecución».
