Washington
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del periodista Igor Padilla, ocurrido el 17 de enero en Honduras, e instó al Estado a investigar el crimen de la manera más exhaustiva posible.
En un comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH pidió al Estado hondureño que investigue el crimen «de forma completa, efectiva e imparcial», esclarezca el móvil y «determine judicialmente la relación que pudiera tener con la actividad periodística y la libertad de expresión».
«Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación», indica la nota. Padilla, de 37 años, fue asesinado a tiros el 17 de enero en una calle de San Pedro Sula (norte hondureño) al salir de un establecimiento en el que estaba grabando un material para un anuncio.
Según las investigaciones, entre los 18 pandilleros detenidos, 5 de ellos menores de edad, se encuentran los posibles autores materiales del asesinato del periodista.
La CIDH advierte que «el efecto amedentrador» de crímenes como este en el resto de periodistas solo puede evitarse «mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno».
Así, la Relatoría Especial insistió en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como «implementar los mecanismos de protección consagrados en la ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia aprobada en 2015» por el Congreso del país.
Tras la visita a Honduras realizada en diciembre de 2014, la CIDH reiteró que «es imprescindible que el Estado adelante, de manera urgente, investigaciones que conduzcan a esclarecer las muertes de periodistas y comunicadores, y a enjuiciar y condenar a las personas responsables de los mismos», citó EFE.
«El mantenimiento de la impunidad no solo constituye una denegación de justicia para los familiares de las víctimas sino que envía un mensaje social de que la violencia contra estas personas es tolerada por el Estado», indica la nota. La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para los Derechos Humanos y ambas tienen sede en Washington.
