Puede sonar insólito, pero al fin reaccionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante los graves episodios de Perú. Aunque lo hizo a su manera: detectó que los peruanos «no se están escuchando entre sí» y pidió investigar el uso de la fuerza en las protestas contra la presidenta Dina Boluarte que dejan más de 40 muertos.
Fue una de las primeras respuestas a la crisis de una misión de observación en Lima, presidida por el abogado guatemalteco Stuardo Ralón. La comitiva reclama una urgente investigación imparcial ante indicios de que elementos de las Fuerzas Armadas hicieron «uso excesivo de la fuerza» en la represión de movilizaciones. Asimismo, pidió que se aclare la posible presencia de extremistas en la promoción de las protestas y destacó que el malestar ciudadano se distorsiona cuando ocurren hechos de vandalismo.
Los representantes de la CIDH señalaron además que en la crisis política peruana, crónica desde 2016, tiene influencia “la postergación histórica de diversos pueblos, como los indígenas, los afroperuanos y los habitantes de las provincias”. Durante su visita, el grupo se entrevistó con la presidenta Dina Boluarte, congresistas y líderes de movimientos sociales, entre otros interlocutores. La misión llegó a Perú el miércoles y visitó las ciudades de Lima, Ica, Arequipa y Juliaca.
Mientras, Pedro Castillo, destituido y apresado el 7 de diciembre tras su intento de cerrar el parlamento e intervenir la Justicia, se encuentra en el penal de Barbadillo. Allí debería permanecer 18 meses, cumpliendo una sentencia ultraveloz que dictó la Corte Suprema. Mientras su esposa, Liliana Paredes y sus dos hijos, Alondra y Arnold, se hallan exiliados en México.
Por su parte, Rafael López Aliaga, alcalde de Lima anunció la suspensión de los festejos por el 488º aniversario de la capital, el miércoles 18. “No puedo celebrar. Si a pedido de los vecinos de Juliaca salen dos policías y a uno no lo dejan salir del patrullero y al otro lo queman vivo, o sea, yo con qué cara voy a celebrar nada”, argumentó. «
