Pedro Castillo está nuevamente en la mira. Desde su entrevista en la CNN en Español, fue denunciado por “traición a la patria”. Mientras tanto la derecha amenaza con una moción de vacancia por “incapacidad moral” frente a denuncias, hasta el momento infundadas, investigadas por la tríada Justicia – Congreso – Prensa.
En primer lugar, Castillo fue acusado por “traición a la patria” ya que, en una entrevista con el multimedio norteamericano el presidente señala el derecho a la consulta sobre la salida al mar para Bolivia. Esto es sobre interpretado como cese del territorio peruano, algo que el mandatario jamás dice y que, además, las normas en las que se sustenta la denuncia no se encuentran vigentes. Nada de ello es impedimento para el show mediático y legislativo.
El cóctel que logró la salida de Kuczynski y vacancia de Vizcarra combina la judicialización -que convirtió a Perú en país récord de expresidentes presos-, la erosión de la imagen presidencial desde la prensa y el jaque mate desde el Congreso mediante una herramienta constitucional desvirtuada: la moción de vacancia por incapacidad moral.
Recientemente, Karelim López, lobista, empresaria y exaportante de la campaña de Keiko Fujimori en 2016, devenida en “colaboradora eficaz” -la figura jurídica que se convirtió en la vedette del lawfare regional- denunció al presidente y su entorno por actos de corrupción. La instalación mediática de este hecho apresuró a la oposición a pregonar que presentaría una moción de vacancia contra el presidente.
Sin embargo, las pruebas en su contra son tan endebles que postergaron su solicitud. Para que el pedido proceda se necesitan 52 de 130 votos a favor, número posible de alcanzar, aunque la efectiva destitución requiere de 87, lo que hoy es matemáticamente imposible. De todos modos, la comisión de Fiscalización citó a Castillo este 7 de marzo, un día antes de que se vote la confianza de su nuevo Gabinete.
La oposición busca que el presidente “hable”, porque en definitiva están convencidos de que “el cholo por la boca muere”. En su lugar, el presidente anunció que presentará un descargo por escrito. Tanto él como sus ministros de origen provinciano han sido permanentemente sancionados y ridiculizados por «portación de lengua”, a medio camino entre lo criollo y lo andino.
Por último, una nueva renuncia azotó a su Gabinete. Juan Silva, ministro de Transportes, pasó engrosar la lista de una treintena de ex ministros en siete meses. El motivo: un nuevo intento de moción de censura por parte del Congreso. Otros dos ministros, de Justicia y Salud, son también cuestionados en medio de un revuelo de mezquindades entre el sector que lo apoya.
Si quiere ser un corredor de larga distancia y concluir su mandato, Castillo deberá aceptar su “soledad” y ampliar su coalición sin resquebrajar la frágil alianza actual y, fundamentalmente, sin perder de vista que fue precisamente su “choledad” la que le valió el voto popular.
