Pocas horas antes del cierre de esta edición, el candidato del PRI a ocupar la alcaldía de una ciudad del estado de Puebla era asesinado a balazos. Se trata del segundo crimen contra un aspirante a funcionario en ese estado en lo que va del año, pero además su muerte, producida por sicarios mientras desayunaba, engrosa un trágico listado de «alrededor» de 30 asesinatos a candidatos que el propio gobierno reconoció. 

«Llevamos alrededor de 30 muertes de personas, 30 homicidios ligados a personas que han querido contender o quieren contender en campañas políticas electorales», dijo el ministro del Interior, Alfonso Navarrete, en conferencia de prensa. Los hechos llevaron al gobierno a anunciar la instalación de una «mesa de seguridad» para garantizar las condiciones en que se desarrollen los comicios del 1 de julio próximo, donde se renovará la presidencia así como las legislaturas nacionales y se elegirán gobernadores, alcaldes y diputados en los distintos estados del país. Incluso el candidato presidencial del gobernante PRI, José Antonio Meade, manifestó recientemente su preocupación de que los narcos interfieran en la votación. «Compartimos la preocupación de la presencia de narcotráfico que pueda contaminar el proceso electoral y compartimos la preocupación de las expresiones de violencia que hemos visto», dijo.

«La crisis de violencia en el país es fruto –entre otros factores– de una acumulación de procesos electorales fraudulentos, en los que los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular es una norma más que una excepción», comentó a Tiempo Arsinoé Orihuela, investigador y periodista mexicano.

«Es evidente que el clima homicida alimenta el abstencionismo. En México el voto no es obligatorio. Y con frecuencia, a los comicios sólo asiste entre el 20 y el 40 por ciento del electorado. Naturalmente, el asesinato de candidatos provoca un terror que aleja al público de las urnas», reflexionó.

Los hechos se manifiestan en una escalada de violencia que no cesa y que involucra tanto a los grupos narcos y bandas paramilitares como a las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional denunció el jueves que la tortura es una práctica cotidiana en las autoridades mexicanas, según se desprende de un informe de ONU basado en detenciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. No por casualidad esa región es de las que más homicidios computa.

En 2017, México registró 29.168 asesinatos, la cantidad más alta desde que se llevan registros, hace 20 años, y que representó un incremento de 27 por ciento con respecto a 2016, según datos oficiales.  «