La Corte de Apelaciones de la zona oeste de Estados Unidos de Seattle (estado de Washington), dejó sin efecto el primer decreto migratorio de Donald Trump en febrero pasado, pero eso no evitó que el presidente insistiera con su medida. Sacó una nueva versión, que tampoco pasó la primera prueba en un tribunal. Un juez de Hawaii lo suspendió el pasado 15. Ahora, el gobierno se concentra en la discusión parlamentaria para rechazar la política sanitaria de Barack Obama, pero no ha olvidado la lucha que le queda pendiente en la Justicia.
El primer decreto de Trump, que la administración se esfuerza por no llamar «bloqueo musulmán», suspendió la llegada de refugiados de Siria y el ingreso de inmigrantes de otros seis países. En la lista de la orden ejecutiva 13.769 entraron también Irán, Somalia, Sudán, Irak, Yemen y Libia. Muchas personas, con visas válidas y hasta con green cards, ya estaban en vuelo. Cuando llegaron a suelo estadounidense, no pudieron ingresar. Un juez del estado de Washington, en el noroeste del país, lo dejó sin efecto y el gobierno apeló. No tuvo éxito.
Trump optó entonces por una versión «revisada», en la que brindó más detalles del alcance de la prohibición. Sacó a Irak de la lista y especificó algunas excepciones individuales. Los que provienen de los seis países restantes y ya tienen residencia legal en Estados Unidos o visa válida, pueden ingresar al país.
La orden ejecutiva 13.780, firmada el 6 de marzo pasado, tuvo la misma suerte que su predecesora. Al día siguiente fue bloqueada por un juez de Hawai. El magistrado consideró que el gobierno no había fundamentado correctamente por qué la prohibición era necesaria para proteger el país de los terroristas que quisieran infiltrarse a través de un proceso de inmigración legal o de un programa de refugiados.
Además, el fiscal general de ese estado usó palabras del propio Trump para justificar la medida: «Describió a la segunda orden como una mera versión ‘rebajada’ de la primera». El Departamento de Justicia deberá responder al estado de Hawaii y el juez tomará una decisión el próximo 29 de marzo.
Mientras, el gobierno también avanza con los planes para la construcción del famoso muro en la frontera con México. El Departamento de Seguridad Nacional ya publicó los requisitos para quien quiera ofrecerse. La altura ideal es de nueve metros. Como mínimo, dijeron, debería ser de 5,5. También tiene que ser imposible de escalar y su aspecto no solo debe ser «físicamente imponente», sino también agradable desde el lado de Estados Unidos.
La propuesta atrajo a 600 empresas. El 10% son hispanas. «