El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont denunció que la arremetida del Estado español para impedir la consulta popular convocada para el 1º de octubre constituye un estado de sitio que suspende «de facto» la autonomía de esa región ibérica. Medio centenar de parlamentarios europeos firmaron un documento donde respaldan esa interpretación de las últimas acciones del gobierno de Mariano Rajoy y el sistema judicial español, que incluyen el sometimiento de la policía local, los Mossos d’Esquadra, al aparato destinado a bloquear la votación.
Hubo algunos exaltados que catalogaron al envío de la Guardia Civil para detener a los funcionarios que tenían a cargo directo las cuestiones técnicas del referéndum independentista como una ocupación, mientras que otros temen que en cualquier momento, dos trenes de alta velocidad como los que cubren en casi tres horas el trayecto Madrid Barcelona se estrellen en medio del camino con un saldo catastrófico. Son los que recuerdan que un proceso similar se inició en octubre de 1934 y al poco tiempo una guerra civil arrastró a millones de españoles hacia el peor de los infiernos imaginables.
El periodista y analista catalán Pere Rusiñol personifica la situación como la de dos adolescentes que tratan de ver «quién la tiene más larga». Dicho esto con el antecedente de la brutalidad de que fueron capaces los españoles en aquellos años oscuros que preludiaron el holocausto de la II Guerra Mundial. «Por suerte, ahora estamos en la Unión Europea y eso puede ser un marco de contención, porque si nos dejan solos…», indica a través de la línea telefónica.
A estas horas, precisamente a mitad de camino entre las dos capitales, en Zaragoza, se ultimaban los detalles para el encuentro de parlamentarios y alcaldes de izquierda de hoy domingo convocado por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el vocero de la alianza En Comú Podem, que gobierna Barcelona a través de Ada Colau, Xavier Domenech, en busca de una solución política que a estas horas no se encuentra en ninguno de los dos gobiernos.
«La derecha española tiene una falta de imaginación política y lucidez altamente alarmante», analizó Domenech ante la agencia argentina Télam. Y sostuvo que en una situación como la actual, la respuesta de las autoridades del Estado español «no puede ser solo la ley».
Y ese es el fondo de la cuestión en este escenario tan cambiante. Para Mariano Rajoy y la derecha española, no hay posibilidad de respuesta posible que no sea la Constitución de 1978 y las instituciones creadas por ella ante una voluntad secesionista como la que afloró en Cataluña desde el 2010. Pero precisamente en ese año el Tribunal Constitucional descubrió, a pedido del Partido Popular, que el Estatuto de Cataluña, que había sido aprobado por el 74% de los catalanes en 2006, tenía algunos artículos que no sintonizaban bien con la dirigencia españolista. Este baldazo de agua fría sobre un documento que había sido aprobado democráticamente y en cuatro años no había sido cuestionado, hizo mella en la credibilidad de las instituciones españolas, como era fácil de imaginar y fue ampliamente advertido entonces. De allí fue creciendo el ansia independentista que estuvo siempre latente en un sector de la sociedad y cada paso que fueron dando tanto los gobiernos catalanes como el Estado español, en manos de Rajoy desde entonces, fue empeorando el panorama.
La convocatoria al referéndum del 6 de septiembre pasado se produjo luego de una áspera sesión en el Parlamento regional que profundizó viejas heridas. La réplica de Rajoy fue también funesta: ordenó intervenir todas las cuentas de la región, envió tres buques repletos de Guardias Civiles a detener a los que podrían garantizar la realización del comicio, incautó millones de papeletas de votación, clausuró sitios de Internet donde se difundía publicidad sobre el referéndum y a través de la Fiscalía de la Audiencia Nacional procesó por sedición a miembros de partidos que llamaron a la masiva manifestación del miércoles. Entre los motivos para la acusación se cita que personas no individualizadas salidas de esa marcha pincharon los neumáticos de los agentes federales.
Mientras tanto, los gremios fueron plegándose al reclamo de democracia, si bien sin tomar partido definitivo por la independencia. En el puerto, sin embargo, se produjeron escenas de esas que tanto ilustran sobre rebeldías pasadas del pueblo español. Así, los estibadores hicieron sonar bocinas, sirenas y cacharros bajo la consigna «no nos dejáis votar, no os dejaremos dormir». Para colmo, uno de los buques era un crucero que tiene pintados los personajes de Looney Tunes, entre los que destaca el canario Tweety (Piolín como se lo conoce en la península) y el Demonio de Tasmania. Las burlas fueron mayúsculas en las redes, donde también se expandió el llamado a la Warner Bros para interiorizarlos sobre la utilización de esas imágenes en una acción claramente represiva como la que harían los ocupantes de la nave. A este planteo ante la cinematográfica se sumó desde su reclusión en la embajada ecuatoriana en Londres el creador de Wikileaks, Julian Assange. «¿Warner Brothers está de acuerdo con que su imagen se asocie para siempre con el aplastamiento de la democracia en Cataluña?», escribió en un tuit.
Assange aparece también en el marco de una denuncia que hizo desde su portada de ayer El País, sobre la supuesta injerencia de hackers desde sitios pagados por el gobierno ruso. En un amplio titular a toda página, el diario madrileño acusa a Moscú de intervenir en la crisis española mediante la utilización de trolls y robots informáticos para llenar las redes con posiciones afines a los independentistas.
A todo esto, un grupo de periodistas de diversos medios catalanes emitieron un comunicado para exigir el respeto por la libertad de prensa y acusan a la jueza Mercedes Armas, de la Audiencia de Barcelona, de prohibir publicaciones sobre la consulta a los medios El PuntAvui, Vilaweb, Racócatalá, Nació Digital, TOT SantCugat y Ràdio La Mina.
Ayer, la fiscalía catalana ordenó al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos que tome el control de los Mossos d’Esquadra para garantizarse que impidan el referéndum. El mayor Josep Lluis Trapero tenía tiempo hasta mañana para decir si acepta la nueva situación. Pero ayer mismo informó que si bien no aceptan la tutela de un órgano del Estado español, «acatarán las órdenes del Fiscal Superior de Catalunya». «
