Ya varias veces se pospuso la fecha y nada garantiza que otra vez los puertorriqueños no se queden con ganas de saber qué paso con la deuda de la isla «asociada» a Estados Unidos y que la llevó a declararse en bancarrota el año pasado. Por ahora, la firma Kobre&Kim se comprometió a entregar mañana el informe final sobre los más de 70 mil millones de dólares que aparecen registrados como pasivo y que sirvieron como justificación para brutales recortes presupuestarios que llevaron al cierre de escuelas, reducción en los servicios de salud y como «daño colateral», a un corte de energía eléctrica de casi un año en gran parte del país luego del huracán María en septiembre pasado, que causó destrozos y la muerte de cerca de 40 personas.

«Entendemos que K&K no está auditando la deuda, está atendiendo un reclamo del pueblo donde decimos que la deuda es ilegal ya que los préstamos dados a sabiendas de que no existía capacidad de repago no son legales según sus propias reglas», dijo a Tiempo Luis Escalante Silvestre, un agricultor de la región central de Puerto Rico, para confesar luego que «se espera poco del informe ya que no nos queda claro qué datos se envían a investigar pues no hay transparencia».

La cuestión podría resumirse así: Puerto Rico es un «estado libre asociado» a EE UU desde 1952. Hay grupos políticos que esperan convertir a la isla en el estado 51, otros que están conformes así y otro pequeño sector de la sociedad –esto hay que decirlo– que reclama la independencia completa. Dicen los memoriosos que el personaje que llevó a esta situación semicolonial fue el gobernador Luis Muñoz Marín, quien basó la relativa prosperidad que ayudó a convencer a la sociedad de que era conveniente ese tipo de asociación en el endeudamiento. Lo dijo en una frase histórica. «¿A qué se debe el progreso de Puerto Rico? ¡Pues a que se debe!».

El dinero fluía porque EE UU quería mostrar las ventajas de hacerse amigo de Washington. Fue un impulso mucho más fuerte cuando Fidel Castro tomó el poder en Cuba, el 1° de enero de 1959. Se generó un plan de exenciones impositivas y el crecimiento fue importante a raíz de que muchas empresas estadounidenses se radicaron en ese territorio. Pero este incentivo quedó herido de muerte en 1996 cuando el presidente Bill Clinton decidió eliminar la llamada sección 936 del Código de Rentas Internas en un plazo de diez años.

Es así que en 2006 las empresas estadounidenses se fueron como estampida del país, dejando un tendal de desocupados y creando una crisis económica de la que aún no se recuperó. En este marco, para 2015 el entonces gobernador Alejandro García Padilla declaró que la deuda era impagable y a principios de 2016 Puerto Rico entró en default.

Entonces salió a la luz la problemática que creaba el particular estatus del país. Porque la primera propuesta era acogerse a la ley de quiebras, siguiendo el modelo de Detroit en 2013. Pero al no ser parte formal de EE UU no se le dio curso.

El gobierno de Barack Obama aprobó la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica, PROMESA (por Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act) que creó una Junta de Supervisión Fiscal (FSF), una intervención en la economía que no deja dudas de su carácter colonial. Tiene potestades superiores al gobernador Ricardo Roselló, por ejemplo.

Esa JSF fue la que encargó un análisis de la deuda al estudio Kobre& Kim, de Nueva York. No queda claro qué investiga K&K, pero dejaron trascender que tomaron declaración a un centenar de testigos sobre la crisis financiera.

El estudio neoyorquino se promociona como un grupo de abogados «100% dedicados a disputas e investigaciones. Somos agresivos y estamos listos para el juicio, y nos enfocamos en el corazón de una disputa. No tenemos conflictos y somos capaces de defendernos en situaciones que involucran intereses institucionales superpuestos en múltiples jurisdicciones».

Pero nadie cree que el informe que elaboró sugiera declarar a la deuda de Puerto Rico «ilegítima, ilegal e inmoral», como hizo Rafael Correa en 2008 en Ecuador.


Viejos amigos de Argentina
Por eso de que «Dios los cría y el viento los amontona», viejos conocidos nuestros también rondan por Puerto Rico. La jueza que lleva adelante la deuda en virtud de la ley PROMESA es Laura Taylor Swain, quien ocupa el juzgado del Distrito Sur de Nueva York. Es el mismo juzgado que en 2000 dejó Thomas Griesa para asumir como juez principal.
Hace poco Taylor Swain denegó un reclamo del fondo buitre Aurelius, de Mark Brodsky, quien también había litigado contra Argentina junto con Paul Singer en el estrado de Griesa y finalmente logró que el gobierno de Mauricio Macri le pagara unos 1300 millones de dólares en 2016, casi al inicio de su mandato.
Otra conocida en estas pampas es Anne Krueger, quien fuera directora del FMI en 2004 y tuviera una actitud muy drástica con la renegociación de la deuda argentina. En 2015 elaboró el llamado Plan Krueger que propone reestructurar la deuda puertorriqueña con brutales recortes que incluyen el despido de maestros, el corte de la ayuda médica, reducir salarios mínimos y eliminar subsidios a la universidad. Ese plan está en marcha.