La inusual decisión de Boris Johnson de suspender la actividad del Parlamento británico con anuencia de la Reina Isabel II, les dejó pocas opciones a la sorprendida oposición que pretende un Brexit acordado, o directamente que no exista el divorcio de la Unión Europea.  

El sucesor de Theresa May fue un euroescéptico y adherente al Brexit de la primera hora y a cargo del gobierno no quiere perder la oportunidad de dejar la UE el 31 de octubre próximo a cualquier costo.   

Johnson decidió suspender las labores parlamentarias entre la segunda semana de septiembre y el 14 de octubre afirmando querer elaborar y presentar su nuevo programa legislativo. Pero sus detractores lo acusan de hacerlo para impedirles bloquear un Brexit sin acuerdo.

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, anunció el viernes sin excesiva convicción que intentará «detener políticamente» a Johnson, pese a la suspensión del Parlamento, y que «en el momento apropiado» podría intentar una moción de confianza.

«Lo que vamos a hacer es intentar detenerlo el martes con un proceso parlamentario, legislando para impedir una salida sin acuerdo y para prevenir que el Parlamento se cierre en este período crucial», dijo.

El laborista reconoció que cualquier intento pasa por adoptar medidas «rápidamente», ya que la Cámara de los Comunes estará activa alrededor de una semana antes de que interrumpa sus actividades por la decisión del premier.

La suspensión del Parlamento británico fue calificada por la oposición como un «golpe de Estado», desató una batalla jurídica y desafíos legales inéditos en Reino Unido, además de renuncias y una petición firmada en horas por más de un millón de personas para que la maniobra sea sometida a debate en la Cámara de los Comunes.

Johnson se apuntó el viernes una primera victoria en la batalla legal lanzada por los opositores a un Brexit duro, a quienes advirtió que impedir la salida de la UE en octubre dañaría la confianza en la política británica.

A la espera de una audiencia completa, un grupo de 75 diputados proeuropeos pidió a la más alta instancia civil de Edimburgo una decisión provisional urgente contra la suspensión del Parlamento decidida por Johnson. El juez desestimó dicha orden provisional. Aunque adelantó al martes la vista de fondo inicialmente prevista para el próximo viernes.

La segunda acción judicial será analizada el martes en Belfast, y la tercera el jueves en Londres. Esta última, iniciada por la empresaria y activista anti Brexit Gina Miller –que en 2017 ganó una importante batalla legal contra el gobierno– sumó el viernes el apoyo de un exprimer ministro: el conservador John Major (1990-1997). También Jo Swinson, la líder del centrista Partido Liberal Demócrata, sumó su nombre a esta querella.

El equipo de Johnson se declaró «contento» con la decisión judicial, mientras los impulsores de la querella subrayaron que todo está aún por decidir. No obstante, según expertos en derecho, incluso si la Justicia acaba impugnando la decisión de Johnson, este no estará obligado a anular la suspensión parlamentaria.

Con esta primera victoria en mano, el jefe de gobierno lanzó una advertencia a sus opositores: impedir que el país abandone la UE en la fecha prevista «causará un daño duradero a la confianza de la gente en la política».

Hace más de tres años que los británicos decidieron en referéndum abandonar el bloque europeo. Pero su salida, prevista para marzo de 2019, fue aplazada dos veces por el rechazo del Parlamento al Tratado de Retirada firmado por May con Bruselas.

Johnson quiere suprimir del Tratado la «salvaguarda irlandesa», un controvertido mecanismo destinado a evitar una nueva frontera en la isla de Irlanda, que permanecerá en la UE. Los euroescépticos sostienen que esa cláusula mantendría a Reino Unido en las redes del bloque.

De lo contrario, amenaza con un Brexit sin acuerdo, algo que muchos diputados se habían declarado determinados a impedir.

Según The Times, tras suspender el Parlamento el primer ministro afirmó que así la UE entendería que la cosa va «realmente en serio» y sería más proclive a aceptar sus condiciones.

Londres anunció una aceleración de los contactos con Bruselas: en septiembre sus negociadores mantendrán dos encuentros semanales con los europeos, a los que podrían agregarse «reuniones técnicas».

«Me vi alentado en las últimas semanas por mis conversaciones con dirigentes europeos sobre la voluntad de hablar de soluciones alternativas a la antidemocrática salvaguarda», dijo Johnson.

«Ahora es el momento de que las dos partes aceleren el ritmo», agregó el primer ministro, que puso al cargo de la misión a su consejero David Frost.

La aceleración de los contactos responde a una petición de los británicos, dejó claro el viernes un portavoz de la Comisión Europea. «Siempre hemos dicho que nuestras puertas permanecen abiertas y hemos demostrado nuestra voluntad de trabajar 24 horas al día, siete días a la semana, a lo largo de este largo proceso», afirmó. «Esperamos que el Reino Unido presente propuestas concretas», agregó.


El papel de la reina

Lo inusual de la suspensión del Parlamento que decidió Boris Johnson es, sobre todo, la duración. Normalmente, desde 1980, el cierre del Parlamento antes del «Discurso de la reina» es de menos de una semana; el premier ordenó el cierre de la Cámara durante más de un mes. Esto dejará un muy escaso margen de maniobra a la oposición para buscar recursos legislativos que eviten un Brexit duro. La temporada parlamentaria suele durar un año, sin embargo, esta lleva abierta desde junio de 2017, más de dos años, y es la más larga de los últimos cuatro siglos. 

La reina Isabel II, de 93 años, junto con la Cámara de los Lores y la de los Comunes, forma parte de los tres pilares del Parlamento británico. Tiene la potestad de convocar, suspender y disolver las Cámaras. Técnicamente podría haberse negado a la petición de Johnson Sin embargo, sería muy difícil para ella hacerlo pues ejerce dicha prerrogativa bajo el consejo de sus ministros, en particular del primer ministro, que en este caso le aconsejaba la suspensión del Parlamento.