La decisión del gobierno israelí de ampliar los asentamientos en Cisjordania en represalia por un atentado y la creciente persecución contra la minoría LGBTQ son parte de la misma ofensiva nacionalista a la que pertenece la promulgación de la nueva Ley de Nacionalidad Israelí. El país cimenta la segregación étnica, mientras se prepara a expandir su territorio.

El viernes pasado, el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, anunció la construcción de 400 casas más en la colonia de Adam, cinco kilómetros al norte de Jerusalén, donde el jueves un adolescente palestino había acuchillado a tres personas.

Ya el domingo 22 decenas de miles de activistas LGBTQ marcharon en Tel Aviv contra la exclusión de los padres homosexuales de la ley que autoriza la paternidad subrogada y reclamaron contra el registro estatal de aquellos que lo hicieron en el exterior y llevaron a sus niños a vivir a Israel.

La ley mencionada determina que «el Estado de Israel es el hogar nacional del pueblo judío» y sólo el pueblo judío puede ejercer el derecho a la autodeterminación nacional. De este modo se quita la ciudadanía al 20% de la población, de origen palestino. El hebreo se convierte en única lengua oficial, reservando al árabe un indefinido «estatus especial».

La norma también establece que «Jerusalén completa y unida» es la capital de Israel y proclama «el interés del Estado en proteger los asentamientos judíos», convalidando así la ocupación permanente de Cisjordania. Israel carece de Constitución escrita y el Estado se rige por la Declaración de la Independencia (de 1948) y una serie de once leyes básicas difícilmente reformables a las que ahora se suma la Ley de Nacionalidad.

Para los defensores de la nueva ley, la misma es sólo la confirmación constitucional de que Israel es el «hogar nacional del pueblo judío» y no afecta los derechos individuales de los demás habitantes. Por el contrario, los críticos árabes y judíos la acusan de establecer el «apartheid» y de tener un carácter racista.

La Ley de Nacionalidad es parte de un conjunto de normas aprobadas antes del receso veraniego. Esa misma semana se promulgó una ley que da a la Corte de Jerusalén la jurisdicción sobre los litigios entre palestinos de Cisjordania y colonos, en un importante avance hacia la anexión. La noche anterior se votó también la ley conocida como «Breaking the Silence» (Rompiendo el silencio) que prohíbe que en las escuelas se muestre negativamente al ejército y se critique la ocupación. Todavía está pendiente de decisión otra norma que prevé penas de hasta diez años de cárcel para quien grabe o fotografíe a militares en operaciones.

Ya en el pasado el propio primer ministro Benjamin Netanyahu dio la razón a los críticos de la ley, cuando, hablando ante el Congreso Sionista Mundial reunido en Jerusalén en octubre de 2015, disculpó a Adolf Hitler. Según él, hasta 1941 el Führer no pretendía masacrar a los judíos europeos, sino que fue el Muftí de Jerusalén, el Hashi Amin al-Husseini, quien lo habría convencido de cometer el genocidio. La afirmación contradice toda la historiografía sobre la Shoá, se alinea con las tesis revisionistas reaccionarias y revela el verdadero pensamiento de Netanyahu.

La sanción de la ley implica un fuerte avance hacia el Estado teocrático-racial y la anexión de Cisjordania. Evidentemente, los grupos mafiosos y especulativos que han cooptado la representación del judaísmo dentro y fuera de Israel especulan con que la tormenta pronto pasará y esperan el momento oportuno para seguir expandiéndose, ya que el nacionalismo racista no reconoce otros límites que los que impone una guerra perdida.