Un nuevo episodio judicial dirigido contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa desencadenó ataques de la policía a varios diputados que responden al correísmo con palos y gases lacrimógenos. Entre los heridos estaba Gabriela Rivadeneira, una de las principales colaboradoras del exmandatario.
El episodio tuvo lugar el jueves, cuando varios simpatizantes se agruparon frente al edificio de la Asamblea Nacional (AN) para manifestarse a favor de Correa, quien es acusado por supuesta responsabilidad en un poco claro secuestro de un exasambleísta opositor a su gobierno, ocurrido en Colombia en 2012. El acto se produjo un día después de que la AN declarara improcedente el pedido de la jueza Daniela Camacho Herold de que se autorice el juicio penal al exmandatario por ese caso. Se trata de uno de los mecanismos contemplados en la Constitución ecuatoriana, por la cual un juez puede pedir al Poder Legislativo que se levanten los fueros de un funcionario o exfuncionario para avanzar con un juicio. Así se hizo con el caso del actualmente preso exvicepresidente Jorge Glas. Sin embargo esta cláusula requiere de los dos tercios de la Cámara para aprobarse.
En cambio, con los votos del oficialismo de Lenín Moreno y la oposición, los diputados aprobaron por mayoría simple una resolución que manifiesta que el pedido de la jueza no corresponde ser tratado en la AN, lo que allanaría el camino al proceso judicial. La medida fue calificada por el bloque Revolución Ciudadana, que responde a Correa, como «nula» y para el expresidente constituye un atropello a la división de poderes. «La Asamblea no puede calificar la petición del juez, (y menos) por simple mayoría», dijo Correa en su twitter. «Están destrozando el Estado de Derecho», sentenció desde Bruselas, donde se encuentra radicado desde que finalizó su gobierno.
Balda es un exdiputado del derechista partido Sociedad Patriótica, que durante el gobierno de Correa fue condenado por injurias en un proceso seguido por el entonces presidente, y se profugó a Colombia. Allí sufrió un confuso secuestro en que fue introducido a un auto y luego liberado por fuerzas policiales locales. Balda señaló que el rapto habría sido ordenado por Correa y que los secuestradores eran policías. En su declaración por videoconferencia, el expresidente declaró: «Desconozco los hechos de esta instrucción fiscal. No excluyo que el caso investigado sea un ajuste de cuentas, dados los antecedentes penales de Fernando Balda, incluyendo demandas de alimentos, y, si fue un abuso policial, es repudiable». «
