Una excoronel de Asuntos Internos de la policía hondureña con un largo historial de lucha por la transparencia y la defensa de los derechos civiles dentro de esa controvertida fuerza, denuncia que el actual presidente Juan Orlando Hernández busca reprimir las protestas contra el fraude electoral con escuadrones de la muerte.

María Luisa Borjas participa en política y fue la mujer más votada para la cámara de diputados dentro del partido Libre, del expresidente Manuel Zelaya, que integra la Alianza Opositora. Como se sabe, esa coalición asegura haber ganado con su candidato Salvador Nasralla los comicios que se llevaron a cabo el 26 de noviembre. Pero tras sospechosas maniobras de manipulación, para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el comicio lo ganó Hernández por décimas. Sin embargo el escándalo no permitió que aún lo designaran oficialmente porque las denuncias por trampas electorales fueron tan contundentes que levantaron protestas de todos los rincones, adentro y afuera del país centroamericano. Además, hay un planteo de inconstitucionalidad contra el actual presidente porque de acuerdo a la Carta Magna no podía presentarse a reelección.

Mucho antes de incursionar en la política, Borjas había denunciado excesos y crímenes cometidos por miembros de la policía hondureña, una de las más brutales y también de las más vinculadas con hechos de corrupción y con el narcotráfico de la región. Uno de los hechos más resonantes fue el asesinato en 2013 del fiscal antilavado Orlán Chávez, conocido como «El fiscal de oro». El hombre fue víctima de sicarios que lo balearon desde una moto que, de acuerdo a la denuncia de Borjas, fueron enviados por policías que integraban el «cártel de la Granja».

Ahora, la comisionada policial en retiro asegura que Hernández creó un nuevo cuerpo policial bajo sus órdenes directas para reinstaurar la Doctrina de Seguridad Nacional, que causó miles de muertes en los ’80, una escalada criminal de la que en ese entonces llegaron a participar militares argentinos. Borjas incluso culpó directamente a la embajada estadounidense y al Departamento de Estado de estar detrás de esta política de corte genocida para que Hernández pueda perpetuarse en el poder a como dé lugar.

Mientras tanto, cientos de miles de hondureños salen a las calles en todo el país para reclamar que se respete la voluntad popular expresada en las urnas y no se concrete otro despojo. Como cuando, por querer reformar la Constitución, destituyeron a Zelaya en un golpe institucional en 2009. «