En otro paso, quizás el definitivo en una escalada que empezó en octubre del año pasado y cobró fuerza mes tras mes, el pueblo haitiano comienza mañana una ofensiva para acabar con el gobierno de Jovenel Moïse, el hombrecito que Estados Unidos, las Naciones Unidas y la OEA sentaron en el trono en esta última fase de una intervención militar iniciada en 2004 y clausurada, hipotéticamente, en 2017. El próximo domingo, según una Constitución que alguna vez rigió en Haití, concluye el mandato de Moïse. En eso se apoya la oposición, tímida y dispersa, para proclamar su derecho a imponer un gobierno de transición. Mientras, el mandatario preparó una batería de elecciones –constituyentes, presidenciales, legislativas y municipales, una cada 37 días– con la que subyugó a los poderes globales.
A esta altura –y ello parece razonable en una sociedad sin prácticas políticas y que busca hacer todo dentro de la precaria legalidad existente–, la constelación de organizaciones que quiere deshacerse de Moïse funciona como una coordinadora, pero no tiene definido quién ni cómo será el reemplazante. El país se maneja sin Parlamento desde 2018, el quehacer de los partidos es acotado por un Ejecutivo que desde hace dos años gobierna por decreto y el Poder Judicial es apenas el garante de la corrupción. Los que sí están claros son los cargos que pesan contra la dictadura: sus políticas contra el derecho de la mayoría a la educación, la institucionalización de la represión militar para acallar la protesta social, la creación de grupos paramilitares y la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual.
Si bien las denuncias se dirigen a Moïse y su pequeña pero poderosa corte, los destinatarios últimos son la ONU, la OEA y los gobiernos de Estados Unidos de 2004 a la fecha (George W.Bush y Barack Obama). Esta tríada fue la responsable de planificar la ocupación militar del país con los “cascos azules”, esta vez comandados por tropas brasileñas enviadas por los gobiernos de Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016). Tras 13 años, la llamada Misión de Estabilización de la ONU se retiró de Haití en 2017. Sus secuelas son indelebles. “Además del repudio popular debe rendir cuentas ante los tribunales internacionales. Muchas cosas serán difíciles de probar, pero hay miles de mujeres con hijos sin padre y por ello, al menos, pagarán”, dice la plataforma de la coordinadora.
Hasta ahora la oposición reunió a cuatro foros de denuncia con la presencia de entidades de América Latina y asociaciones civiles europeas. El primero, más abarcativo, fue el Coloquio Internacional sobre los Crímenes de las Tropas de la ONU. El segundo, la Conferencia por el Derecho a la Salud del Pueblo Haitiano. Un tercero abordó la situación de las mujeres violadas y embarazadas por las fuerzas de ocupación. El cuarto tomó el caso de la niñez (un estudio de la universidad británica de Birmingham señaló que al menos 30 mil menores son víctimas de tráfico hacia la fronteriza República Dominicana, donde son esclavizados).
Moïse anunció que no piensa dejar el gobierno el próximo domingo 7, cuando caduque su “mandato constitucional”. A último momento, junto con una agobiante serie de elecciones que comenzará el 25 de abril (un referéndum para reformar la Constitución) y concluirá el 21 de noviembre (segunda vuelta de las presidenciales), dijo por primera vez que su período vence en 2022. Desde mañana lunes los haitianos iniciarán la fase final de la campaña contra Moïse, con bloqueos de rutas, barricadas, acciones espontáneas, toma de edificios públicos, piquetes y, al fin, un llamamiento a la desobediencia civil y el levantamiento general. Junto con el inesperado anuncio de su auto prórroga presidencial, Moïse amenazó. Dijo que ya dio instrucciones a las fuerzas militares y policiales para que “adopten las acciones necesarias para asegurar la vida y los bienes de los haitianos”.
El jueves, cuando los estudiantes enfrentaron sus bravatas bloqueando calles y avenidas de Puerto Príncipe, la capital, y obligaron al cierre de centros educativos, el dictador recibió el último aval de sus grandes sostenes. A través del Core Group (Alemania, España, Gran Bretaña y Francia más Estados Unidos y Canadá), la Unión Europea saludó el anuncio de la ola electoral. La ONU le concedió un préstamo no reembolsable de 20 millones de dólares para abordar los gastos electorales: viáticos para los funcionarios comiciales, transporte de materiales y confección de padrones. Desde la OEA, su secretario general, Luis Almagro, exhortó a “detener las manifestaciones y salvaguardar las instituciones democráticas, limando las diferencias por las vías pacíficas e institucionales”.
El hambre y el barro
Millones, cientos de millones de personas de este mundo –1 de cada 10– están desnutridas o, simplemente, mueren de hambre, buena parte de ellas en este mismo instante. Afganistán es el más pobre de todos. Le sigue Haití, aquí nomás, en América, sentado a la misma mesa con Estados Unidos o Canadá, en la OEA o en la ONU. O recorriendo los despachos del Banco Mundial y el FMI, allí donde sus verdugos ajustan día tras día los detalles que le dan nuevas formas al genocidio dispuesto por planificación de la desigualdad. El hambre es el problema más grave que enfrenta Haití. Según The World Factbook, una guía anual publicada por la CIA, el 80% de la población vive bajo la línea de pobreza y el 10% más rico se queda con el 74,3% de la renta. Ese 80% vive con apenas 9 centavos de dólar al día.
Las estadísticas no explican que en medio de la exuberancia caribeña, alimentos nutritivos como las frutas son artículos de lujo. Y nada dicen que, para llenar la barriga, los haitianos recurren a los “bon bon terres”, galletas de barro, mezcla de sal, aceite vegetal y tierra, que antes se hacían con arcilla pero ya no, la especulación la llevó a precios inaccesibles. Las hostias, secadas al sol, se venden a 5 gourdes (7 centavos de dólar) las tres unidades. Las que no salen, o se rompen, se “rematan” al fin de la jornada. Es el último capítulo de una historia de miseria y miserables, que para un experto de la OMS citado por la prensa europea presenta “la contrariedad de que multiplica el riesgo de desnutrición y puede tener un efecto negativo sobre la salud, en especial aumentando el riesgo de caries dental”.
