Un proceso de acelerada descomposición política y judicial vive por estas semanas el Perú y el final de esta nueva etapa en la batalla descarnada entre el fujimorismo y el gobierno de Martín Vizcarra parece todavía muy lejano. Esta semana, Keiko Fujimori, la hija del exdictador y lideresa del principal partido de la oposición, Fuerza Popular (FP), fue detenida en el marco de una investigación por lavado de dinero para financiar su campaña presidencial de 2011 a través de generosos fondos aportados por la constructora brasileña Odebrecht, según un directivo que se presentó como arrepentido.
Mientras tanto, el partido FP se apuró a conseguir la aprobación de una ley que permite que los condenados de más de 65 años de edad puedan cumplir prisión domiciliaria por su estado de salud. Oportuna legislación que pretende poner freno a la decisión de la Corte Suprema, que hace diez días anuló el indulto a Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad, que había dictado Pedro Pablo Kuzcynski en un intento desesperado por ganar el apoyo del fujimorismo y evitar su destitución, cosa de todos modos ocurrió.
La pulseada de Vizcarra, que busca asentarse sobre alguna base sólida para poder terminar el mandato constitucional de PPK –o al menos obtener un hálito de legitimidad que le permita algún tipo de gobernabilidad– envolvió a un sector del poder judicial, otro estamento del Estado que con cinco jueces separados de su cargo e investigados por corrupción, entre ellos el presidente de la Corte Superior de El Callao, no tiene muchos galardones para exhibir.
La causa contra Keiko es de vieja data, pero fue reactivada en las últimas semanas y el miércoles la dirigente política y otras 19 personas de su entorno, entre ellas los jefes de campaña, fueron detenidas por lavado de dinero. La maniobra de la que se acusa a la hija del expresidente tiene relación con un método muy conocido últimamente por estos lares; el dinero lo aporta una empresa que no quiere figurar, de modo que aparecen como aportantes ciudadanos que si bien no ponen demasiado cada uno ya que no tienen un bolsillo tan abultado como para financiar una campaña, son útiles para sumar cantidades.
El que habría armado el esquema de financiación sería el congresista Rolando Reátegui Flores quien, según testigos en la causa, visitaba a dirigentes regionales para pedirles la firma en documentos donde se registraban supuestos aportes.
Mientras tanto, el fiscal Pedro Chávarry, titular del Ministerio Público, quedó en el centro de la escena luego de haber retirado de su puesto a Érika Delgado, integrante del equipo del fiscal José Domingo Pérez, el funcionario que se encargó de la pesquisa y solicitó la detención de Keiko.
Para el legislador Alberto de Belaúnde, el procurador «empezó a pagar favores». Es que Chávarry también está implicado en el escándalo que se llevó puesto al supremo de El Callao. Pudo ser nominado a pesar de esto para su actual cargo en julio, con apoyo del fujimorismo. Pero sobre él pende la amenaza de juicio político. «A pocos días de ser blindado por Fuerza Popular, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se ha procedido con retirar a una de las piezas claves del fiscal Pérez» en la investigación sobre Odebrecht, evalúa De Belaúnde.
Hubo otro escarceo en el Congreso en relación al referéndum que propone Vizcarra para reformar la Constitución. Fue creciendo el consenso para aprobar una iniciativa de la bancada del expresidente Alan García que buscaba sacar de la consulta la limitación de la reelección de los legisladores. Pero en este escenario la cosa no prosperó.
Cumbre con Evo
Evo Morales intentó, sin éxito, una reunión con el presidente chileno, Sebastián Piñera, para tratar la salida al mar de Bolivia tras el fracaso en el recurso ante la Corte de La Haya. Donde tuvo mejor suerte fue en Perú, lugar en el que arregló un encuentro con Martín Vizcarra en el puerto de Ilo con la excusa de la llegada del primer cargamento de mercadería por mar a Bolivia. Allí, además, terminará su recorrido el corredor ferroviario entre el Pacífico y el Atlántico que en parte cumplirá el objetivo de sacar la mercadería boliviana por el mar.
No se informó de otro tipo de conversaciones, pero el acuerdo que puso fin a la guerra de 1879 implica que cualquier cesión de tierras de uno de los ganadores del conflicto –Chile y Perú– deba ser comunicado al otro.
